Los decretos de la emergencia  son muy efectivos para el pago de las deudas a unos intermediarios que se quedan con la el 30% de la bolsa que les entrega el sistema – 18% en administración y otro tanto como utilidades abiertas o encubiertas en la integración vertical  –  pero no solucionan el problema de fondo que es la lógica de imposición de un sistema regulado por el lucro y el mercado en lugar de permitir la organización del servicio de salud orientado a garantizar un derecho fundamental.