La buena noticia es que los perpetradores de la atrocidad desde el Estado o la insurgencia, ahora más que nunca están en la mira de la comunidad internacional. La mala para la sociedad y los millones de víctimas es que los responsables y los pilatos que los han acolitado, ya están armando los trucos para que pasen décadas y aquí no pase nada a pesar de Roma y La Haya.
Desde octubre de 2002 comenzó a regir la Corte Penal Internacional como una instancia a la cual los Estados y organizaciones civiles pueden apelar cuando graves infracciones contra los derechos humanos se quedan en la impunidad ante la inoperancia de la justicia del país. El gobierno colombiano al suscribir el Tratado de Roma que le dio vida a la CPI, dejó en reserva por 7 años la competencia de la Corte ante situaciones de impunidad por crímenes de guerra. Así que a partir del 1 de noviembre de 2009 ningún delito atroz queda por fuera de la órbita de este tribunal internacional.
¿Quienes le temen hoy a una posible intervención de la CPI en Colombia? Ya hay gestiones de ONGs defensoras de derechos humanos para que la Corte asuma crímenes de lesa humanidad que han sido sistemáticos y generalizados en Colombia como ocurre con el desplazamiento forzado de más de 2 millones de personas solo en los últimos siete años; el homicidio en persona protegida según la Fiscalía General de la Nación eleva las víctimas de los mal llamados “falsos positivos” a más de 2000 casos y los desaparecidos que se encuentran en fosas comunes pasan de 30.000 según el mismo ente estatal. El secuestro y la toma de rehenes, considerado también crimen contra la humanidad por “privación grave de la libertad física” superan los 5 mil casos en la última década y viene siendo documentado ante la CPI por la ONG País Libre.
Ahora, con el levantamiento de la reserva sobre crímenes de guerra, desde el punto de vista del gobierno no hay competencia de la CPI ante una situación de impunidad porque no acepta la existencia de un conflicto armado interno. Sin embargo para las ONGs de derechos humanos y otras organizaciones pueden entrar en la lista de apelaciones ante la CPI delitos graves como el reclutamiento de menores de 15 años, uso de minas antipersona, utilización de sustancias químicas como arma de guerra (caso fumigaciones contra población civil y sus bienes), bombardeos indiscriminados, uso de armas no convencionales de acción indiscriminada, ordenes de combate hasta el aniquilamiento total de adversario, ataques a la misión médica o uso de civiles como escudo en confrontaciones armadas.
Todas estas listas, y otras que se pueden agregar, se refieren a crímenes que siguen ocurriendo en Colombia y que comprometen a agentes del Estado, del paraestado y a grupos armados irregulares. Como la CPI asume juicios a personas y no a Estados en general, queda la pregunta sobre los candidatos a ser procesados.
Si se hace la lista de los responsables, la CPI tendría que incluir en primer lugar a los jefes civiles y militares que han definido las estrategias y han impartido las órdenes a sabiendas de sus implicaciones, justificando sus infracciones con el argumento de la efectividad en la guerra contra el enemigo. Esos son muchos de lado y lado y más si se le suman parapolíticos y paraeconómicos que han facilitado las operaciones sistemáticamente realizadas. Y serán más si se le agregan los cómplices que por definición no son actores directos, pero que con su apoyo y entusiasmo ayudan a la acción atroz.
La buena noticia es que los perpetradores de la atrocidad desde el Estado o la insurgencia, ahora más que nunca están en la mira de la comunidad internacional. La mala para la sociedad y los millones de víctimas es que los responsables y los pilatos que los han acolitado, ya están armando los trucos para que pasen décadas y aquí no pase nada a pesar de Roma y La Haya.