Camilo González Posso – presidente de Indepaz
Bogotá D.C. 7 de agosto de 2020
El Centro Democrático ha sido muy imaginativo al buscar presentar un discurso autoritario como prueba de legalidad. Desde el 7 de agosto de 2018 el presidente y algunos ministros asumieron que en materia de paz el triunfo electoral significaba que el programa de gobierno presentado durante la campaña se transformaba automáticamente en sustituto de la constitución y la ley en aquello que les estorbara; comenzando por el Acuerdo Final de terminación del conflicto firmado por el gobierno, refrendado por el Congreso y avalado como de obligatorio cumplimiento en sentencia de la Corte Constitucional.
A ese argumento le han agregado la supuesta vigencia del Si al cambio del Acuerdo de La Habana, para intentar sustituir el mandato de implementación integral y de buena fe del Acuerdo de Paz por el pedazo que pueden acomodar en su programa y que resumieron en el documento “Paz con legalidad”. Toda la actuación en materia de paz ha seguido ese libreto que no ha hecho trizas el acuerdo de paz por los avances normativos que dejó el Fast Track, la fuerza de las sentencias de la Corte Constitucional, la falta de mayorías en el Congreso de la República, el respaldo desde la comunidad internacional encabezada por el secretario de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad y la gran movilización de respaldo ciudadano.
El gobierno, en el Plan de Desarrollo 2018 – 2022 colocó en cuarto plano ese Acuerdo de Paz y los compromisos de inversión o presupuestos. En ese plan y en los presupuestos tramitados en 2019 y 2020, se reducen al mínimo las asignaciones a la Reforma Rural Integral, entrega efectiva de tierras a los campesinos y comunidades étnicas, planes de sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, restitución de tierras y patrimonio a las víctimas. En lugar de reforma rural se ha impulsado la anti-reforma agraria y las estrategias de desarrollo con macrofundios y megaproyectos. Y en lugar se planes integrales de sustitución se ha vuelto a la guerra antidrogas con erradicación forzada y violencia socioeconómica contra cerca de 400.000 familias. (ver www.indepaz.org.co La Anti-reforma agraria…)
La coalición de gobierno, y el propio presidente Iván Duque, se desgastó dedicando grandes esfuerzos de iniciativa legislativa a descremar y desvirtuar la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. Con los obstáculos a la promulgación de la ley estatutaria, intentaron recortarle funciones para terminar con el pobre balance del tiempo perdido y una JEP con mayores simpatías ciudadanas. En otros aspectos le fue mejor al Centro Democrático en la tarea de freno a los acuerdos de paz. Con trampas en las cuentas de la votación impidieron la sanción de la reforma mediante la cual se aprobó la Circunscripción Especial para la Paz y con otras maniobras han evitado que se haga realidad la reforma del corrupto sistema electoral.
En materia de seguridad el balance tiene saldos negativos evidentes en la persistencia de violencias armadas, agresiones a comunidades y organizaciones, asesinato y atentados a excombatientes de las FARC en proceso de reincorporación y de centenares de líderes y personas defensoras de derechos humanos.
Desafortunadamente el gobierno ha optado por una política de seguridad y defensa como si estuviéramos en la misma guerra de hace 10 años, retomando las estrategias anti insurgentes, de la llamada guerra a las drogas y al terrorismo que impulsó el Plan Colombia de Estados Unidos y la seguridad uribista. El gobierno del CD ha asumido una política de seguridad para retomar guerras como si fuera una vuelta al pasado y desconoce la seguridad para la paz que se incorporó en los acuerdos de 2016 como instrumento de transición al posconflicto. El lugar que tenían las FARC EP como enemigos a enfrentar se lo asignan sin evaluar los cambios a los llamados Grupos Armados Organizados, a los carteles del narcotráfico, y se alinean con la ultra internacional en un reinvento de guerra fría con “potencias extracontinentales”. En ese empeño, la política de seguridad y defensa desfigura las políticas de control territorial con un enfoque unilateral de militarización y de alianza con grandes inversionistas interesados en los territorios en disputa y en las nuevas fronteras.
En lo que lleva el gobierno del Centro Democrático, la frase “implementación integral del Acuerdo Final para la terminación del conflicto” desapareció de los discursos y documentos oficiales y también cualquier referencia a promover soluciones negociadas para una paz más completa que incluya al ELN y a tantos parapolíticos y paraempresarios que no se han desmovilizado.
La “Paz con legalidad” es el alias para retomar algunas piezas del AFP e intentar meterlas en otro mapa sustituto y afín a la vieja estrategia de hacer la guerra para ganar la paz. Estrategia que, según la doctrina de acción integral, puede incluir algunas obras o inversiones en territorios críticos, zonas estratégicas, zonas de consolidación, zonas futuro o planes de desarrollo territorial redefinidos. En el mapa sustituto cabe la reincorporación de excombatientes, ya sean los heredados de pasadas administraciones o los que resulten de nuevas desmovilizaciones o sometimiento a la justicia. Además, esa seguridad redefinida también incluye acciones militares contra grupos armados, con grandes operaciones y métodos de guerra selectivos, que miden en capturas o “bajas de objetivos de alto valor”, es decir de personas calificadas como enemigos ante los cuales prima la autorización para matar. Algunos de esos trofeos se exhiben en la lista de logros y de debilitamiento de grupos como el denominado Clan del Golfo.
Después de dos años el gobierno del CD puede decir que puso la paz en entredicho, que tiene paralizada parte importante de los acuerdos firmados en 2016, que sus partidarios no abandonan la idea de desmontar la JEP y de deslegitimar la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, que esperan en los dos años que restan de esta administración, lograr las mayorías suficientes para hacer las reformas radicales de la justicia, las tierras y la política que les permitan refundar la patria, retomando el programa que empujó al uribismo al poder en 2002.
Pero también hay que decir que la parálisis y fraccionamiento en la implementación de los acuerdos, y en medidas estructurales para la construcción de la paz en Colombia, no ha logrado desmontar el proceso político que se inauguró con los acuerdos de paz cuyas consecuencias siguen vivas.
La realidad es que estamos en una situación histórica nueva e irreversible. A diferencia de lo que ocurrió después del fracaso de las negociaciones en El Cagúan en 2002, la inmensa mayoría de la población y en especial los jóvenes y las mujeres rechazan los discursos de guerra y la incitación a la violencia; el paramilitarismo solo es positivamente recordado como aliado por un circulo de sus cómplices políticos y empresariales; los grupos rearmados posacuerdo y los narcoparas tienen menos capacidad que las anteriores estructuras insurgentes o que las paramilitares; los indicadores de violencia o de infracciones a las normas del DIH han disminuido. Los narcotraficantes y traquetos, que se acostumbraron a pasearse en las oficinas del poder y de políticos importantes, ya no son los héroes del paseo que llegan impunes a pagar elecciones y favores.
En las nuevas condiciones, el llamado a hacer trizas los acuerdos de paz no tiene mayorías en Colombia y encuentra gran rechazo en la comunidad internacional e incluso entre los nuevos aliados de la coalición de gobierno. Algo ha cambiado y va a seguir cambiando en este pueblo.