Las minorías étnicas aseguran que el Estado no respeta los derechos territoriales. El 65 por ciento de las concesiones mineras vigentes en Colombia es de yacimientos situados en tierras ancestrales de comunidades indígenas y afrodescendientes, dijeron en Bogotá fuentes de estas minorías étnicas.
Se trata de áreas entregadas en concesión hasta el año pasado por el Instituto Colombiano de Geología y Minería (Ingeominasl), según resultados de un estudio divulgados por la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic).
La investigación fue realizada por el Centro de Cooperación al Indígena (Cecoin) y guió un seminario de dos días sobre concesiones mineras que reunió en Bogotá a representantes de pueblos indígenas, negros y campesinos afectados por la entrega de territorios a compañías nacionales y multinacionales.
La coordinadora del encuentro, la aborigen embera Patricia Tobón, dijo a la prensa que el Estado «ha decidido ofertar derechos territoriales y económicos de estas comunidades, imponiendo una economía de extractivismo a gran escala que va en contra de los derechos de estos pueblos».
Las zonas en concesión están dentro de los 31 distritos mineros, con un área de más de 15 millones de hectáreas y creados por el llamado Código de Minas, adoptado en 2001, pero el Ingeominas ha cedido otras por fuera de ellos, agregó Tobón.
El estudio estableció que los contratos, licencias, permisos y autorizaciones mineras en vigencia cubren casi 2,93 millones de hectáreas, en tanto que las solicitudes en gestión superan los 30 millones de hectáreas.
Entre las peticiones está la de La Colosa, mina situada en las montañas de Cajamarca y con reservas calculadas en 12,9 millones de onzas de oro, cuya licencia la recibió la canadiense Anglo Gold Ashanti, que aún no tiene permiso para entrar en la fase de explotación.
El coordinador general de Ecotierra (organización no gubernamental de Cajamarca), Evelio Campos, advirtió en la misma reunión con la prensa de que la multinacional hizo de manera ilegal exploraciones en el área de reserva forestal de la zona.
En dicha reserva existen 101 nacimientos de agua que dan lugar a tres ríos que confluyen en uno mayor, el Coello, que alimenta un distrito de riego de 35.000 hectáreas, señaló Campos.
El portavoz de Ecotierra resaltó que en La Colosa se podrán obtener 1,5 gramos de oro por cada tonelada de roca y que, para explotar toda la mina, se necesitará de un millón de toneladas de explosivos y de tres millones de canecas de cianuro.
La multinacional ha violado allí «la Constitución, las normas ambientales, los planes de desarrollo locales», afirmó Campos, quien indicó que esta compañía, que llegó allí en 2003, se ha dado a la tarea de ofrecer dádivas y financiar obras, actividades y fiestas públicas que han dividido a los lugareños.
La misma trasnacional busca explotar los yacimientos auríferos de La Toma, aldea rural de la localidad de Suárez, en el departamento suroccidental del Cauca, dijo el representante legal del Consejo Comunitario de Negritudes de la población, Aníbal Vega.
El caserío, curioso caso de asentamiento negro andino, tiene unos 7.000 habitantes, el 99 por ciento de ellos afrodescendientes, agregó Vega, quien observó que se trata de una comunidad que ancestralmente ha vivido de la extracción de oro.
Sin embargo, Ingeominas le concedió a la compañía canadiense licencia para explotar los yacimientos, lo que, subrayó Vega, «es una gran amenaza».
«Hasta el cementerio, donde tenemos enterrados a nuestros ancestros, está dentro de la licencia», se lamentó Vega.
El proyecto sobre el cerro de Careperro, sitio sagrado del pueblo de los embera katíos en el noroeste del país, fue presentado como otro desarrollo conflictivo.
La licencia sobre Careperro la recibió la estadounidense Muriel Mining Corporation, y la iniciativa tiene influencia sobre 11.000 hectáreas de selva, entre El Carmen del Darién y Murindó, localidades en los departamentos del Chocó y Antioquia, respectivamente.
«Para nosotros, la destrucción de la naturaleza es la muerte de la misma madre naturaleza», afirmó el representante legal de los pueblos indígenas del Chocó, el embera Jorge Luis Querágama.
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