Del ejemplo peruano poco se advierte en Colombia. Cuatro son los puntos que a primera vista sorprenden por su diametral diferencia. El primero, la verdadera funcionalidad de un tratado de extradición. El segundo punto es la acción de la justicia propia. El tercero, la capacidad para conciliar entre verdad judicial y verdad social. Cuarto y más importante, la responsabilidad política de los gobernantes.