Por. Jorge Castellanos Pulido
Indepaz, Bucaramanga
Este es tal vez uno de los temas de mayor controversia en los diferentes escenarios de diálogos para la paz. Las apuestas están condicionadas por los distintos actores en el escenario de disputas por el poder político. Es también un asunto en el que lamentablemente la sociedad civil no tiene espacios de participación.
Independiente del marco normativo formal establecido para un Estado social y democrático de derecho, existen en el caso de Colombia elementos estructurantes en la política interna para las fuerzas militares que determinan las pautas de actuación, como por ejemplo, la definición del enemigo en el campo militar, el carácter de conflicto armado irregular, interno y difuso, las concepciones de seguridad nacional, entre otras.
Somos un país altamente militarizado y una ciudadanía vigilada sobre la sospecha de que cualquier civil puede ser un enemigo interno, guerrillero en potencia o encubierto. Las cámaras ocultas, micrófonos, informantes, inteligencia tecnológica, chuzadas son “lo normal”.
Una de las características de esa cruda realidad es la denuncia contra la criminalización de la protesta social y su tratamiento de guerra. Varias generaciones de la sociedad colombiana organizada en partidos y movimientos sociales, sindicatos, campesinos, asociaciones estudiantiles, docentes, indígenas, afros, etc, han padecido en ese ambiente de tensiones y confrontación con persecuciones a las movilizaciones sociales bajo el señalamiento estigmatizante de ser parte de una estrategia de los actores armados.
Los estamentos militares están firmemente cohesionados como espíritu de cuerpo frente a una supuesta campaña subversiva en su contra y como tal la institución militar se defiende colectivamente de las denuncias señaladas repetidamente en todo el territorio nacional por las denuncias del abuso de la fuerza y las múltiples violaciones de ddhh.
En el actual contexto de diálogos en la habana del alto gobierno con las FARC EP y otros exploratorios con el ELN, para poner fin al conflicto armado, es apenas obvio que nos preguntemos por cual va a ser el papel de las fuerzas militares en el caso de que felizmente se llegue a un acuerdo y se logre dar paso a una nueva realidad del ejercicio ciudadano de la política sin la presencia de confrontaciones y actores armados, y teniendo en cuenta un nuevo mapa político con nuevos actores que surjan de las negociaciones de paz y la dejación de armas.
Pero al tema de lo que será el futuro de las Fuerzas Armadas se ha sumado un nuevo elemento planteado por las Farc: “el pie de fuerza también debe ser reducido.”
El Presidente Santos reiteró que el futuro de las Fuerzas Militares y la Policía no es materia de discusión en los diálogos de paz que se llevan a cabo en La Habana. “El tema de las Fuerzas Militares no se ha tocado, ni se va a tocar. El tema de la organización de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestra Policía, de ese futuro, no se ha tocado, ni se va a tocar. Ese tema lo estamos discutiendo entre nosotros”.
Sin embargo el presidente Santos ya ha manifestado de los posibles cambios al interior de las fuerzas militares, de concretarse un acuerdo de paz con las Farc; de esta manera, las Fuerzas Militares empezarían un proceso de transformación para convertirse en un aparato armado diferente al que conoce hoy el país.
Diferentes medios de comunicación ya han dado cuenta de las conversaciones entre el Presidente de la República, el Ministro de Defensa y comandantes de las distintas fuerzas, que plantean para sus hombres escenarios como vigilancia a minería ilegal, control del medio ambiente, ayuda en inundaciones, avalanchas, crecidas de ríos e incendios forestales, y monitoreo de volcanes. Eso, claro, sin dejar de mirar ni un momento el cumplimiento de su objetivo principal, que es derrotar a los grupos subversivos.
Para expertos investigadores de la Universidad Nacional “Es claro que las fuerzas armadas no pueden continuar con una política contra insurgentes y hay que comenzar a pensar en un Ejército y Policía sin guerra. Su papel será vital para la pacificación del país.” Sin embargo, una de las mayores preocupaciones de la Fuerza Pública y de la Policía es la reducción de sus uniformados y de su presupuesto en un nuevo escenario de posconflicto.
La experiencia internacional que han vivido otros países latinoamericanos que salen de la guerra nos muestran “que el tamaño de las Fuerzas Armadas se reduce de manera significativa, no es el caso de la Policía que debe enfrentar a las bandas criminales emergentes y al seguimiento de factores de violencia propios de las dinámicas de inclusión de los procesos de desarrollo” (Carlos Medina Gallego, integrante del Grupo de Investigación en Seguridad y Defensa (GISDE), del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Proceso de Paz de la Universidad Nacional de Colombia)

Alejo Vargas, director del Centro de Pensamiento y de Seguimiento al Proceso de Paz y profesor titular de la Facultad de Derecho, asegura que “es una fantasía para aquellos que creen que al otro día de firmada la paz se van a reducir la fuerzas militares, y el presupuesto se va a pasar para educación. En un escenario de 5 a 10 años no van haber cambios sustanciales y posteriormente van a suceder procesos de reconversión por un lado, seguramente disminución de fuerzas militares, y por el otro aumento de fuerzas de policía y, muy probablemente, en términos globales disminución de porcentaje del presupuesto de seguridad y defensa. Pero eso no es una tarea de corto plazo”.
Sin embargo es evidente que se prevén cambios en las estructuras orgánicas de las fuerzas de policía y militares, empezando por la naturaleza de la policía nacional que debe recuperar su esencia civil desde el Ministerio del Interior para ocuparse de labores de seguridad ciudadana, protección a comunidades contra el delito común, …mientras las fuerzas militares deberán retomar la labor principal de defensa de la soberanía nacional ante el cambio o desaparición del enemigo interno con la disminución progresiva de la amenaza insurgente.
Surge una preocupación común desde distintas miradas y es que, incluso llegando a un acuerdo de paz, persistirán dos amenazas para el país que deben ser atendidas con cuidado y firmeza: el narcotráfico y los grupos disidentes de la guerrilla que van a seguir delinquiendo en el posconflicto con perfil de bandas criminales.

Para María Victoria Llorente, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz, la reducción de las Fuerzas Militares es algo que hay que considerar, pero no en lo inmediato ni mucho menos en función de una exigencia de las Farc.
“Si se logra firmar la paz con las Farc y logramos que dejen las armas, y hacemos lo mismo con el ELN, pues sin duda el país va a tener que revisar todo el tema de seguridad”, dice, y agrega que esa revisión pasa por analizar cómo va a ser el reparto entre militares y policías. Ella piensa que, a diferencia de lo que pasaría con las Fuerzas Militares, la Policía sí debería tener un incremento de personal porque se requiere para brindar seguridad ciudadana.

Para el analista John Marulanda la reducción de las Fuerzas Militares no lo puede hacer el Estado porque las Farc lo pidan. Prevé, eso sí, una reasignación de tareas a la Fuerza Pública, por ejemplo, la de los ingenieros militares a obras públicas. Igualmente, las tropas destacadas al cuidado de la infraestructura petrolera podrían dedicarse a otras actividades, incrementando el esquema de seguridad fronteriza con Venezuela, Ecuador, Perú, Brasil y Panamá”, dice.
En otras palabras, todo el potencial humano y tecnológico que está en manos de las Fuerzas Militares se pondría más al servicio del desarrollo del país que a la confrontación interna.
Para Carlos Eduardo Maldonado, Profesor Titular Facultad de Ciencia Política y Gobierno de la Universidad del Rosario, Se están produciendo serias transformaciones al interior de las fuerzas armadas y de policía en Colombia. Estos cambios tendrán una profunda incidencia sobre el Estado en general tanto como sobre la sociedad.

En su análisis allí confluyen tres factores: En primer término, el resultado favorable de las negociaciones en La Habana, que señalan la formalización del inicio de la paz, y con ello, el comienzo del postconflicto.

En segundo lugar, el trabajo cada vez creciente en torno a la importancia de la investigación y el desarrollo (I&D) al interior de las fuerzas militares y de policía. Y tercero, la transformación en curso dado el hecho de que cada vez más numerosos oficiales de distinto grado adelantan estudios de Maestría y Doctorado, lo cual está generando un proceso –incipiente aún- de transformación con respecto a las formas tradicionales de mando, ascenso y reconocimiento, avistando desde ya al paso siguiente: el tránsito a la sociedad del conocimiento.

La llegada del postconflicto significa un giro drástico de la vocación tradicional de las fuerzas militares y de policía, dedicadas a la guerra, al concepto de “enemigo”. Los acuerdos y el fin del conflicto implicará por consiguiente un giro importante con respecto a la ciudadanía en general, en el que el principal motivo puede no ser ya la sospecha y el recelo, la persecución por sorpresa y la cacería de brujas, por ejemplo, sino la construcción de confianza, y situar en el primer plano la protección de la vida y los derechos humanos.
Por su parte el brigadier general (ra) Jaime Ruiz Barrera* presidente de Acore, afirma que Se equivocan quienes creen que en caso de un eventual postconflicto nuestras Fuerzas Armadas deben ser restructuradas en cuanto a su pie de fuerza y en cuanto a las funciones constitucionales que les compete en materia de soberanía nacional, tanto en el frente interno como en el frente externo y en asuntos policivos de seguridad y paz ciudadana.
Y afirma “No nos preocupa el postconflicto. Nos preocupa sí, que fuerzas oscuras conformadas por grupos políticos de extrema izquierda radical que han venido actuando exitosamente en contra de la institucionalidad y de los pilares básicos de nuestra democracia, resulten en esta etapa fortalecidas y se consoliden abiertamente como amenaza permanente contra el país, y particularmente contra el estamento armado de la República.”
Considera que “existe una guerra política contra las fuerzas militares, por la acción sistemática de diferentes ONGs que se identifican como supuestas defensoras de derechos humanos, y por otras de carácter eminentemente político, comprometidas directamente con corrientes neocomunistas y con movimientos socialistas o progresistas de reciente aparición”,…Por lo que concluye que no deben realizarse cambios en las estructuras de la institución militar.
Mauricio Uribe López, Profesor universitario considera que durante mucho tiempo, a los militares se les entregó el manejo de lo que se solía llamar “el orden público”. El país renunció a que las cuestiones de la defensa y la seguridad formaran parte del debate nacional. El papel de los militares como administradores del conflicto no sólo debilitó el control civil sobre sus funciones sino que terminó convirtiéndolos –por cuenta de su aislamiento en una especie de gremio.

Desafortunadamente, ese tipo de liderazgo convirtió a las políticas de seguridad en una fuente adicional de inseguridad sobre todo para los movimientos sociales que defienden la paz y los derechos humanos, comunidades campesinas más pobres y organizaciones de oposición, como quedó en evidencia con el dantesco episodio de los mal llamados “falsos positivos”.

La perspectiva de un postconflicto debería conllevar un debate democrático sobre la reforma estructural del conjunto de las Fuerzas Armadas. Tras los acuerdos de paz en Centroamérica, las Fuerzas Militares nicaragüenses pasaron de 100 mil a 15 mil hombres, el número de soldados activos en El Salvador pasó de poco más de 63 mil en 1991 a 31 mil en 1993, y a 15 mil en 2003. En Guatemala, el ejército se redujo primero de 60 mil a 31 mil hombres y luego, a 16.500 en 2005. En los tres casos también se disminuyó significativamente el presupuesto destinado a la defensa.

En un análisis más realista se necesitarán muchos más y mejores policías y unas Fuerzas Militares con un tamaño menor para un país que ojalá, ya no esté en guerra. Los militares deben permitir por un lado, ajustar el tamaño y los recursos de la fuerza pública a las necesidades del postconflicto y, por el otro, garantizar que los soldados y oficiales que han prestado sus servicios durante la guerra, tengan opciones productivas y alternativas dignas para servirle a un país en paz.

La opinión de Jorge Mario Eastman ex viceministro de Defensa y del Interior se centra en afirmar que la reducción del pie de fuerza no debe ser la clave de la transformación de la Fuerza Pública, sino un cambio en los roles y misiones de las Fuerzas Militares y la Policía y cómo van a financiarlo.
El posconflicto va requerir una presencia militar muy importante para garantizar la no repetición de nuevas formas de guerrillas o paras, y para llevar el Estado a esa Colombia excluida, desde ingenieros militares para hacer carreteras que no van a hacer los empresarios…, hasta buques hospitales donde no llegan ni van a llegar las EPS.
Desde esta mirada las Fuerzas Militares posconflicto serán más profesionales, y tendrán un rol misional fundamental en la construcción del país marginado. No tendremos Gaulas militares ni soldados saludando en las carreteras, ni Policías con escuadrones móviles de carabineros o haciendo inteligencia afuera del país.
Por su parte, Andres Julian Rendón ex secretario de gobierno de Antioquia considera que el gasto en Defensa y Seguridad sólo podrá reducirse después de dos décadas de no encontrar desafío alguno por parte de Grupos Armados Ilegales (GAI). Además visualiza una transformación de las Fuerzas Armadas en 2 sentidos: 1) Para las Fuerzas Militares (FFMM); y 2) Para la Policía Nacional (PN):
1. Incrementar el personal de las FFMM a 300.000 unidades profesionales permanentes: Llevar el Ejército a 230.000 efectivos; sostener la FAC en 15.000; y llevar a la Armada a 55.000 integrantes.
• En la actualidad, las FFMM de Colombia cuentan con cerca de 266 mil hombres y mujeres.
• El desafío del control territorial se mantendrá aún después de un eventual proceso de paz.
• Colombia tiene un poco más de 7.000 km de frontera terrestre y cerca de 3.000 km de frontera marítima (1.600 km Caribe; 1.300 km Pacífico) en las que hace poca presencia.
• Es vastas regiones de la Nación se requiere la Consolidación del Estado en toda su magnitud: seguridad, justicia, infraestructura, desarrollo económico. Los Ingenieros del Ejército Nacional mucho pueden ayudar en las tareas de infraestructura.

• La Armada Nacional no tiene el pie de fuerza necesario (hoy sólo cuenta con cerca de 33.000 efectivos) para controlar los ríos y los mares del país.
• La FAC (hoy alrededor de 14.000 unidades) ha sido determinante para neutralizar cabecillas de las Farc y lo podrá seguir siendo en el futuro cuando a las FFMM se les permita atacar a cualquier GAI (Bacrim, por ejemplo).
• Las FFMM pueden desempeñar un papel importante en la prevención y atención de emergencias.
2. Pasar la Policía Nacional a depender del Ministerio del Interior; llevarla a todos los Corregimientos del país; y preservar siempre el indicador de 1 Policía por cada 250 habitantes (aumentar sus efectivos para llevarla a 200.000 unidades permanentes).
• La Policía Nacional (PN) cuenta con menos de 170.000 unidades (1 Policía / 289 habitantes).

• Para que la PN alcance el estándar internacional de 1 Policía / 250 habitantes es necesario llegar rápidamente a las 190.000 unidades.
• La PN sufre un déficit de unidades investigativas importante, lo cual afecta la capacidad de disuasión del sistema penal oral acusatorio, donde la investigación criminal es clave para la consecución de pruebas.
• Es necesario que las unidades investigativas y de inteligencia, las cuales requieren de la mejor tecnología, siempre sean del orden del 10% del pie de fuerza total. El resto de unidades deberá dedicarse a la vigilancia y a generalizar el “Plan Cuadrantes”.
• Pasar la PN al Ministerio del Interior implica darle más autonomía presupuestal y recuperar su civilidad.

A MANERA DE CONCLUSIONES, desde la mirada ciudadana por la paz, la seguridad y el futuro de las Fuerzas Militares y de Policía deben ser asuntos de toda la sociedad. Las políticas que definan estos aspectos cruciales para la vida de la sociedad deben ser abordadas como cualquier otra política pública, con un enfoque basado en derechos y por lo tanto sometidos a los criterios de transparencia y participación. Desde luego la urgente depuración de las fuerzas militares y de policía son una medida pertinente que no requiere de los acuerdos de La Habana, sino de la responsabilidad del mismo Estado para garantizar la confianza y credibilidad en la fuerza pública militar y de policía.
De esta manera el país y sus diversas expresiones sociales partidistas, académicas, comunitarias, regionales, tienen que entrar en un debate público abierto acerca de estos temas trascendentales y fundantes de una nueva realidad de construcción social de paz.
También hay que señalar que la terminación de la guerra, en un eventual acuerdo de paz con las Farc, no significa el inicio de una etapa de postconflicto. Siendo parcial, es apenas el inicio en el sentido de que no han involucrado a la totalidad de los actores armados. Para poder empezar a hablar de postconflicto es indispensable, al menos, firmar también la paz con el ELN.
Es claro que la firma de acuerdos para poner fin al conflicto armado interno no es la paz deseada en sí misma, pues hay consenso de que es apenas un elemento central para dar inicio a la construcción de la paz, en la cual la ciudadanía debe ser el principal protagonista sobre las reformas, los cambios y los alcances de nuevas instituciones y políticas públicas que garanticen remover las causas del conflicto y establecer una agenda con un plan de paz de mediano y largo plazo que empiece a reconocer a todo el país , pero con prioridades en las regiones y territorios que más han sufrido el conflicto.
En conclusión, aún en “pos conflicto”, Colombia necesitaría incorpora cambios en los roles de las fuerzas militares y de policía, reducir el número de hombres en las Fuerzas Armadas para la seguridad ciudadana y la defensa de la soberanía nacional. De otro lado, también deberá discutirse la política pública del gasto en Defensa y Seguridad, en un proceso de disminución progresiva de la presencia armada en la vida nacional.
Además queda una tarea fundamentar para garantizar la paz duradera desde los territorios, disolver los grupos de justicia privada y paramilitares que continúan actuando impunemente, que atienda y resuelva las reformas políticas y económicas, que brinde una participación democrática con garantías. El proceso e paz necesita un proceso político democratizador de largo aliento que brinde esperanza a las próximas generaciones de vivir dignamente en un país sin guerra y sin violencias. Empecemos la discusión…