Es bueno que los ministros del gobierno Santos muestren públicamente sus diferencias en las estrategias internas para enfrentar el problema de las drogas. Y tiene su aire fresco el que ni el Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, ni el de Justicia, Jesid Reyes, coincidan plenamente con el nuevo discurso del Presidente de la República en los escenarios internacionales o en la cumbre sobre drogas de las Naciones Unidas (UNGASS 2016). Eso es síntoma de que algo se está moviendo en la vía de reformar la fracasada política mundial de guerra antidrogas y que se reacomodan fuerzas en pugna: por un lado la más retardataria que quiere seguir centrando la lucha antidrogas en la guerra a la oferta y al campesino cultivador y otra más innovadora que se sintoniza con los acuerdos logrados en La Habana, entre el gobierno y las FARC, o en la mesa de concertación con la Cumbre Agraria.
Los sectores amigos de darle prioridad a la guerra contra la oferta erradicando como sea las matas de coca y amapola (la marihuana esta en espera de las empresas farmacéuticas), han querido opacar la iniciativa positiva del gobierno en UNGASS centrando el debate en el aumento de hectáreas cultivadas en 2014 y 2015. Según cifras de UNOCD en 2014 se presentó un aumento de 40% en las hectáreas registradas por sus medidores y en 2015 siguió el ascenso hasta llegar a más de 90.000 hectáreas. Aún faltan datos y análisis del método utilizado que tantas veces ha sido manipulado para incidir en los debates y presupuestos.
Esas son las cifras que destaca el Washington Post (18/04/2016) para titular que Colombia es el primer productor de cocaína en el mundo y de allí se prende también el Procurador para señalar que el gobierno ha capitulado ante las FARC con la suspensión de las fumigaciones aéreas con glifosato y que debe reanudarlas. El Mindefensa responde a la presión de la oposición derechista y a la de los entusiastas de la guerra química anunciando que se preparan para una ofensiva de fumigación terrestre con el veneno, en otra campaña de erradicación forzada.
El Ministro Reyes ha respondido a los opositores y al mismo Villegas que hay que ser coherentes con la postura defendida por Colombia en la OEA y en los escenarios previos a la cumbre antidrogas reforzando el enfoque de ataque a los eslabones más fuertes de la cadena de valor y de las mafias internacionales. Eso significa dejar atrás la visión militarizada de guerra, con su idea de lograr la meta imposible de cero consumo o cero cultivo, para enfocarse en la protección de la salud de la gente y en la reducción de la violencia y de las violaciones a los derechos humanos que se hacen a nombre del prohibicionismo.
Los indicadores a discutir no son tanto las hectáreas sembradas sino la reducción de la drogadicción, la mejor calidad de los servicios de salud y de la prevención, la disminución de los indicadores de morbimortalidad asociados a los excesos del consumo. Por el lado de la oferta a los opositores a la flexibilización y regulación en política sobre drogas, no se les ocurre cuantificar las incautaciones de cuentas bancarias del lavado de dólares en Estados Unidos, Europa y sus paraísos fiscales. La UNOCD habla de 500.000 millones de dólares del narcotráfico moviéndose cada año en los circuitos financieros legalmente cubiertos y estos opositores no presentan un dato sobre el porcentaje de esa lavandería que ha sido expropiado o sometido a procesos por enriquecimiento ilícito.
Como es frecuente en la manipulación de cifras, tanto el Procurador como los amigos de volver con el glifosato, omiten que el aumento de hectáreas contadas en 2014 se dio mientras se mantenían las aspersiones aéreas y se fumigó más que en 2013. No es que sean ignorantes en aritmética o refractarios a la lógica elemental que exige explicar de otra manera ese crecimiento. No entienden de correlaciones o se hacen los mensos para seguir en lo mismo: oponerse a los cambios en política y buscar otro ángulo de ataque a los acuerdos de paz.
La explicación al aumento de sembrados de coca hay que buscarla en el impacto de la devaluación, de las oscilaciones del mercado ilegal de oro, el avance de los carteles mexicanos y europeos y la continuidad de la sin salida para los campesinos pobres de las áreas potencialmente
cocaleras en la región andina. También pesa el aumento de la resistencia de los campesinos a las campañas militarizadas de erradicación forzada y a la continuidad de las fracasadas políticas de sustitución de matas por nada efectivo.
Mientras el gobierno brilla en Naciones Unidas como parte de la alianza de países que buscan cambios en las viejas convenciones antidroga en Colombia los más retrógrados ganan puntos logrando situar la discusión y las medidas a tomar en la guerra al cultivador. Se quiere desviar la atención de la revisión general que debe lograr un enfoque de responsabilidad de los países consumidores y de ataque a los que más ganan en el negocio mundial. Se quiere meter el debate en el glifosato terrestre para oscurecer la ruta pactada de concertar planes comunitarios locales y regionales y buscar no la erradicación o sustitución de matas sino la reconversión económica de territorios y el bloqueo no a la mata de coca sino a la cocaína.
No nos vamos a ahorrar el debate a los erradicadores terrestres con glifosato por la ineficacia y la violencia que introducen. Vamos a repetir los argumentos que exigen desechar el glifosato invocando el principio de precaución en todas sus formas de uso tal como se desprende de las investigaciones sobre los riegos para la salud por ser potencialmente cancerígeno y por haberse probado que existe alguna probabilidad de daños genéticos a las personas expuestas.
Pero ese debate tiene sentido si en lo fundamental se logran alianzas, incluido el gobierno y organizaciones internacionales, para una nueva política. Ese es el camino de la coalición por la reforma a la política sobre drogas y lo que necesita la transición a la paz.
Bogotá D.C. 19 de abril de 2016 camilo@indepaz.org.co www.indepaz.org.co