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COMUNICADO CONJUNTO TEMBLORES ONG – INDEPAZ

Hoy 9 de mayo de 2021, Temblores ONG e Indepaz, aunamos esfuerzos para expresar nuestra preocupación y alertar a la comunidad nacional e internacional por el recrudecimiento de la violencia por parte del Estado que se ha presenciado a lo largo de todo el país en los últimos 11 días, en el marco del Paro Nacional.

Tras un ejercicio de verificación y triangulación de información asociada a denuncias que se inscribieron en distintas plataformas, al día de hoy, se registró un total de 47 personas asesinadas desde el 28 de abril de 2021, día en que comenzó el Paro Nacional. De estos casos de violencia homicida, ha sido posible determinar que 39 de ellos se dieron por violencia policial.1 De las 47 víctimas de violencia homicida, 2 de eran mujeres y 45 eran hombres. 36 de los casos se presentaron en el Valle del Cauca (35 en Cali y 1 en
Yumbo), 3 en Cundinamarca (1 en Soacha y 2 en Madrid), 3 en Risaralda (2 en Pereira y 1 en La Virginia), 2 en Bogotá, 1 en Antioquia (Medellín), 1 en Tolima (Ibagué) y 1 en Santander (Floridablanca). Asimismo, ha sido posible determinar las siguientes modalidades de agresión con respecto al total de casos de violencia homicida: 34 se dieron por arma de fuego, 2 arrollados con tanqueta del ESMAD, 2 por gases lacrimógenos y 3 con arma blanca (6 casos sin información).

A lo anterior se le suman numerosos casos de violencia a nivel nacional por parte de la Fuerza Pública. A la fecha, se han registrado, al menos, 1.876 casos, dentro de los cuales
se pudieron identificar los siguientes:
● 278 víctimas de violencia física
● 963 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes
● 356 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas
● 28 víctimas de agresiones oculares
● 111 casos de disparos de arma de fuego
● 12 víctimas de violencia sexual

Ante estos registros concluimos lo siguiente:
1. La violencia homicida se ha cometido en medio de una decisión del gobierno nacional y de los mandos de la Fuerza Pública de promover un uso desproporcionado de la fuerza y tolerar el uso armas de fuego como método de terror contra la protesta social. En más del 50% de los casos de violencia homicida, familiares y testigos han señalado responsabilidad material de agentes de la Fuerza Pública. En 25% de los casos no se ha señalado a un presunto responsable. En todos los casos el gobierno y los mandos de Fuerza Pública tienen que responder por acción, omisión o complicidad.

2. Se ha mostrado que son completamente falsas las afirmaciones del Ministro de Defensa y de otros funcionarios sobre ataques armados contra la Fuerza Pública, en medio de las movilizaciones de protesta, por parte de grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico y a disidencias. En Cali han asesinado a 35 jóvenes, mientras que no se ha registrado un solo homicidio a miembros de la Policía Nacional o de las FF.MM que hacen parte de lo que el gobierno llama “asistencia militar”. El caso lamentable del asesinato con arma blanca de un Capital de la Policía en el municipio de Soacha, es un hecho aislado que no puede presentarse
como parte de un plan o patrón de infiltración o como muestra de propósitos de violencia con armas de fuego por parte de lxs marchantes.

3. Se cuenta con numerosos vídeos de miembros de la Fuerza Pública, policías y miembros de organismos de inteligencia, que arremeten contra concentraciones y reuniones pacíficas. Lo anterior, con armas de fuego en la mano, haciendo disparos de amedrentamiento, sembrando el terror entre los manifestantes y, en ocasiones, disparando en dirección a la multitud.

4. Las autoridades militares, de policía, del gobierno nacional y de los organismos de control, no han atendido las denuncias de los ciudadanos sobre la presencia en las manifestaciones de agentes encubiertos que llegan armados a mezclarse con la multitud, como ha ocurrido en Cali. Tampoco hay respuesta por ataques a puestos de asistencia médica, ni por los casos de patrullaje de civiles armados en presunto apoyo a la Fuerza Pública.

5. La denuncia de más de 500 personas desaparecidas, después de haber sido detenidas en medio de las protestas, muestra la gravedad de las violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado. Dos de esos desaparecidos fueron encontrados muertos este 7 de mayo de 2021.

6. La censura que se ha generado en algunas redes sociales sobre los contenidos asociados al Paro Nacional ha despertado preocupación ante la posibilidad de que esto represente un obstáculo para el registro y denuncia de casos de violencia policial.

Cerramos el presente comunicado recordando a las personas asesinadas en los últimos días en el marco del Paro Nacional