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Carta del cric al secretario de la OEA

Popayán, 22 agosto de 2015
Señor
Luis Almagro.
Secretario General de la Organización de estados Americanos OEA.
Respetado señor.
El Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC, como autoridad tradicional indígena que agrupa 120 comunidades de 9 diferentes pueblos indígenas, con una población mayor de 240.000 personas, saluda el apoyo que la OEA ha expresado al proceso de paz que actualmente se adelanta entre el Gobierno colombiano y las FARC.
El CRIC ha planteado, desde hace varias décadas, la necesidad de la solución política del conflicto armado que vive nuestro país, y actualmente participa de los esfuerzos que desde la sociedad civil y el campo popular se hacen para avanzar h acia una solución definitiva.
Sabemos que el fin del conflicto armado del Estado colombiano con las FARC y con el ELN no constituye la paz que anhelamos; pero a la vez planteamos que éste es un paso imprescindible, que nos permite ubicarnos en un escenario distinto al actual, en que podamos luchar por nuestros derechos como colombianas y colombianos sin ser amenazados, asesinados, desplazados, criminalizados, señalados, estigmatizados, militarizados en nuestras vidas, cuerpos y territorios.
Sabiendo de su interés por conocer situaciones específicas del conflicto armado y del proceso de paz en las regiones, nos permitimos plantear a usted algunas observaciones que hemos venido sosteniendo ante el gobierno nacional y ante la opinión pública y las organizaciones sociales.
1. NECESIDAD DE DIALOGO ENTRE LA MESA DE LA HABANA Y LAS ORGANIZACIONES INDÍGENAS.
Ha sido un clamor desde el movimiento social, la necesidad de que el proceso de paz de la Habana no se circunscriba a la guerrilla y al Gobierno nacional sino que haya participación del resto de colombianos y colombianas.
En este punto queremos plantear algunos temas específicos respecto a temáticas que competen a los pueblos indígenas y que se discuten en la Habana, que consideremos deben ser resueltas con participación de los mismos. En las mesas que tienen la Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, y específicamente el CRIC, con el Gobierno Nacional se ha llamado la atención sobre algunos temas, de los cuales resaltamos:
A) Justicia transicional. El marco jurídico para la paz y las alternativas de justicia se están analizando respecto a la justicia ordinaria, dejando de lado la jurisdicción indígena especial. ¿Qué puede pasar con excombatientes de uno y otro bando que hayan cometido delito o desarmonización en contra de una comunidad indígena y que regresen a la misma? ¿Será que en este caso no opera la jurisdicción indígena? ¿No se constituye ello en una situación generadora de conflicto que atenta contra el respectivo pueblo indígena y su pervivencia?
B) Desminado humanitario. En muchos de nuestros territorios hay minas antipersonales colocadas por los actores del conflicto armado, muchas de ellas sin identificar; planteamos que antes del cierre del mismo se debe tener la memoria de estos sitios y garantizada su señalización. Sabemos por experiencias anteriores, que luego de la firma de los acuerdos los excombatientes cambian de territorios, se pierden o se cambian las líneas de mando al interior de los grupos armados que dejan de operar con la lógica militar, y difícilmente se pueden ubicar los sitios minados que solamente se tornan visibles o ubicables cuando ocurren accidentes e incidentes, con gran tragedia para la comunidad. Aunque en la Habana ya se han hecho acuerdos sobre desminado humanitario, el departamento del Cauca, uno de los más afectados por este fenómeno, no ha sido priorizado para ello. En el caso específico de las comunidades indígenas del Cauca contamos con experiencias piloto de señalización y prevención pero ellas no ha servido como referencia ni se ha establecido la más mínima interlocución.
C) Desvinculación de niños y niñas de la guerra. Hemos realizado exigibilidad de no vinculación de niños y niñas en la guerra, ya sea como parte de la guerrilla o utilizados como estafetas o informantes por la fuerza pública del Estado, y consecuentemente planteamos la inmediata desvinculación de aquellos que son víctimas de esta situación. No obstante, a pesar del compromiso de las FARC en la Habana de no reclutamiento de menores de 17 años, no se han establecido los mecanismos para la vuelta a casa de los menores que en este momento hacen parte de este grupo, a pesar de que existe una ruta jurídica en donde el proceso está encabezado por el respectivo cabido indígena. Hacer esto en el marco del pos-acuerdo, será muy traumático sí no se ha definido este proceso previamente con las autoridades indígenas; además de que, entre tanto se da el cese de la guerra, se constituye ello en una infracción permanente y consentida del DIH.
2. LA PREPARACIÓN PARA EL POSCONFLICTO.
Mostramos preocupación por las señas que está mandando el Estado colombiano y los sectores de poder en Colombia, respecto a la Colombia que debe resultar de la combinación entre nuestra situación actual, los acuerdos firmados y el fin de la guerra.
El mensaje que se nos ha enviado como procesos de movilización y organización social es el de que nuestro accionar cotidiano y la lucha por derechos van a ser estigmatizados y criminalizados. Ello nos lleva a pensar que el Estado y los sectores de poder en Colombia están preparando un escenario pos-acuerdos en donde se consolide el modelo extractivista y de despojo territorial, para el cual la lucha social y los derechos de las poblaciones son obstáculos que deben ser eliminados. Nosotros por el contrario tenemos la visión de un país democrático y participativo, con garantía de derechos y respetuoso de la organización y la movilización.
Planteamos lo anterior ante situaciones presentadas recientemente: a) a raíz de atentados a la sede de Porvenir en Bogotá fueron detenidas personas cercanas en su mayoría al Congreso de los pueblos, presentándose pruebas como los libros que leían o los afiches de personajes históricos de Colombia o América Latina, que tenían en sus casas; siendo señaladas públicamente por el Presidente de la República y los medios masivos de comunicación como autores de dicho atentado, violando el derecho a la presunción de inocencia; al no encontrar pruebas que comprometieran a estas personas, de todas maneras se les siguió proceso por hechos delictivos que ni siquiera se mencionaban al principio cuando fueron detenidos, b) en este mismo periodo de los dos últimos meses han sido detenidos líderes de la Marcha Patriótica por su participación en movilizaciones sociales en el Nororiente colombiano durante el paro agrario nacional del año 2013, utilizando para ello argumentos judiciales que permiten asimilar formas de la protesta social con tipos de delito como secuestro, c) durante tres programas de una hora, en horario triple A, el canal Caracol TV se despachó contra el Consejo Regional Indígena del Cauca CRIC y las comunidades indígenas, acusándonos de “corruptos”, “seres humanos quebrantados”, adscritos a la guerrilla de las FARC, enemigos del desarrollo, señalando que ello se debe a los derechos consagrados en la constitución colombiana como el reconocimiento de la jurisdicción propia, la consulta previa y la autonomía. Preparando de esta manera un escenario posconflicto en el que se presenten cambios constitucionales en nuestra contra, d) durante este año se ha hecho presencia paramilitar y/o BACRIM en varias partes de nuestro departamento acompañada de acciones victimizantes contra comunidades y procesos organizativos, asociado ello a narcotráfico, minería legal e ilegal y contrainsurgencia, e) durante este año se ha presentado amenazas y muertes contra líderes sociales atribuidas a las FARC, circunstancia que se asume por algunas organizaciones sociales como una lucha por el control territorial y poblacional hacia los pos-acuerdos.
Desde el departamento del Cauca las comunidades indígenas nos hemos preparado para “una paz más allá de las negociaciones entre los actores armados”, en esa medida trabajamos en la solución pacífica y dialogada de los conflictos, para lo cual hemos propuesto, en conjunto con otros sectores y organizaciones, un “Diálogo caucano por la paz” que nos lleve la construcción consensuada de un Cauca en donde quepamos todos y todas, y en donde podamos interlocutar como un departamento unido en un diálogo Nación Región que permita que seamos los pobladores locales, gremios, organizaciones e institucionalidad, quienes decidamos y actuemos sobre nuestro territorio.
Nos dirigimos a Usted como representante de la organización continental que agrupa a los Estados de las Américas y le instamos para que ella contribuya a que la paz que se construya en Colombia sea una paz democrática, con vigencia plena de los derechos humanos, diversa y multicultural, construida desde los intereses de sus poblaciones y con garantías de equidad y de justicia.
Particularmente le llamamos a que desde el ámbito de las Naciones Americanas y en conjunto con la comunidad internacional se trabaje para que no se utilice el pos-acuerdo para hacer regresividad en derechos, y a que establezcamos un canal de interlocución para el seguimiento de la situación de los derechos de los pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, reconocidos en el “Convenio 169 de la OIT”, y en la “Declaración de las Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas”, así como el seguimiento a la situación de los derechos de los campesinos estipulados en la “declaración internacional de los derechos de los campesinos”.
Llamamos a la comunidad internacional a que se vigile y promueva que en Colombia, durante la etapa actual de conflicto armado y durante un posible pos-acuerdo, se respete al derecho a la protesta social, la organización y la lucha por los derechos.
Agradecemos su atención,
Cordialmente,
CONSEJERÍA MAYOR DEL CRIC.