En nuestro documento explicamos que vamos a realizar acciones de armonización del territorio, consistentes en desmontar los campamentos de la guerrilla, las trincheras y las bases del ejército y recuperar nuestro territorio y propiedad, por orden de la autoridad indígena. Y planteamos que el gobierno debe reconocer que la Guardia Indígena está en condiciones prácticas y jurídicas para garantizar la seguridad y tranquilidad de los habitantes de nuestros territorios.
Les compartimos el fundamento jurídico de nuestras decisiones, para demostrar que quienes están actuando por fuera de la ley son el Presidente de la República y las Fuerzas Militares, situación que debe ser corregida de inmediato, como obliga el Estado de derecho.