PRUEBA DE FUERZA LLEVA LA PAZ A LA PEOR CRISIS

Por Camilo Gonzalez Posso

La suspensión de las conversaciones que se viene realizando en La Habana  por la retención, o secuestro simple según el Código Penal,  del brigadier general Rubén Darío Alzate Mora pone el proceso al filo de su  ruptura. Dadas las actuales circunstancias este episodio debe solucionarse con la liberación del brigadier general Alzate y con la redefinición de condiciones sobre hostilidades y cese al fuego para la continuidad de los diálogos hacia un acuerdo final del conflicto.  En esta crisis, como en otras menos graves que se han presentado, es esencial que se mantenga el criterio de no suspender la mesa bajo ningún pretexto y remitirse a la letra y marco de referencia pactado como ruta para esta negociación.

Los hechos

La situación se presentó en el departamento  del Choco, A 20 minutos de Quibdó,  cuando una destacamento del las FARC capturó al BG  al momento de  desembarcar en una zona de conocida presencia guerrillera.  El  militar  violó todos los protocolos de seguridad y las advertencias que le habían hecho sobre los riesgos existes, algo inaceptable más aún siendo el comandante de la Fuerza de Tarea Titán; además expuso a sus acompañantes el cabo Jorge Rodríguez y la abogada Gloria Urrego. Esta circunstancia ha llevado al Presidente de la República a pedirle al alto mando militar una investigación sobre el comportamiento del BG, pero la determinación central comunicada al término de una reunión con el Comando General del Ejército, ha sido la de suspender la negociación; en palabras del Presidente, “Las FARC fueron las responsables de este secuestro. Un secuestro totalmente inaceptable (…) Responsabilizamos a las FARC de la vida y de la seguridad de estas tres personas y exigimos que las liberen cuanto antes»,  “Se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas. De manera que no viajan los negociadores a La Habana”.

 

Compromiso de no secuestro

Es un hecho que el texto del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de la paz, firmado el 26 de agosto de 2012 entre los delegados del gobierno y las FARC, no figura ninguna línea sobre condiciones a las hostilidades o acciones bélicas para el desarrollo de las conversaciones. El gobierno impuso el criterio de negociar sin pacto previo de cese al fuego y no condicionó los diálogos a compromisos de las FARC sobre el secuestro, aunque tomó nota como decisión importante la asumida  unilateralmente esa guerrilla cuando anunció en febrero de 2012 la proscripción en sus filas del secuestro extorsivo – “retenciones con fines financieros” –  y todo secuestro de civiles. Desde entonces las FARC se han reservado la privación de la libertad – llámese retención o secuestro simple – de miembros de la fuerza pública considerados combatientes y así lo reiteraron en estos días a propósito de la captura de dos soldados en Arauca: «Nos reservamos el derecho a capturar como prisioneros a los miembros de la fuerza pública que se han rendido en combate. Ellos se llaman prisioneros de guerra y este fenómeno se da en cualquier conflicto que haya en el mundo. (Comunicado del 13/11/2014).

El Presidente de la República no le ha reprochado a las FARC hasta el momento que haya incumplido acuerdos en esta materia sino que fija unilateralmente el criterio de incompatibilidad de las conversaciones en La Habana y el secuestro del general, lo que puede entenderse como un paso hacia el condicionamiento de la negociación a  la no retención de miembros de la fuerza pública.

 

Solución a la crisis

Incidentes como este han sido pretexto en el pasado para la ruptura de conversaciones con las guerrillas, así no se haya pactado expresamente una prohición.  Así ocurrió en 1991 cuando se adelantaban conversaciones con las FARC y el EPL y se perpetro el secuestro y asesinato del senador Argelino Duran. También fue un secuestro el último pretexto en la ruptura de conversaciones en El Caguan en 2002. La difrencia con el momento actual parece ser que ahora el proceso avanza con real determinación de las partes de llegar a un acuerdo final, lo que indicaría que se está en una prueba de fuerzas en la cual las FARC ponen a prueba el esquema de dejar el cese al fuego para después de la firma del acuerdo final y el gobierno busca imponerles compromisos unilaterales de no secuestro y no acciones terroristas. El secuestro o retención del BG Alzate tensa la cuerda hasga el borde de la ruptura y eso exige una rápida solución al caso.

El asunto no es de discusiones sobre las definiciones o aclaración del alcance de los compromisos unilaterales sobre el secuestro sino evitar que la crisis sea manejada hacia la ruptura con un gobierno que asuma definitivamente  los criterios que le ha reclamado el uribismo de negociar con cese unilateral de hostilidades por parte de la guerrilla. Para que se haga más probable un arreglo es urgente que las FARC anuncien la determinación de liberación del BG e indiquen los pasos para ese efecto y en contrapartida el gobierno le de mandato a su delegación para viajar a La Habana a resolver el caso y a acordar criterios para evitar nuevas crisis.

Esto significa que en la mesa se le abra lugar a la definición de acuersos especiales de aplicación inmediata de normas del DIH y a dinamicas de desescalamiento de las hostlidades; al mismo tiempo que se aceleren los trabajos ya iniciados sobre el punto 3 “Fin del conflicto” y en particular lo relativo a cese al fuego para lograr su anuncio en los primeros meses de 2015. Entre tanto se abriria la posibilidad de un cese de hostilidades por parte de las FARC para navidad y principio de año.

 

Movilización ciudadana

La gravedad de la situación exige una alerta general de todos los defensores de la paz y de la solución negociada. Es fundamental la movilización de opinión y neutralizar la utilización de la crisis por parte de los enemigos declarados del proceso que ahora reclaman suspención definitiva y redefinición total del marco de procedimientos. Y por supuesto es la hora de la acción colectiva del frente amplio que de hecho se expresó en las elecciones presidenciales apostándole a la paz: Que continuen las conversaciones y no se levanten de la mesa hasta el acuerdo final!!!

 

camilogonzalezposso@gmail.com

 

 

 

 

 

Camilo Gonzalez Posso

Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ. Magister en Economía, Ingeniero Químico. Profesor en varias universidades entre 1968 y 1994, Ministro de Salud de la República de Colombia (1990 – 1992). Consultor del Ministro de Trabajo (2000 – 2002). Director del proyecto Centro de Memoria y Paz de Bogotá. Autor de varios libros, ensayos y artículos periodísticos dedicados a temas económicos, políticos o sociales de la construcción de democracia y paz.