Narcoparamilitarismo la amenaza

Los grupos armados narcoparamilitares son una clara amenaza para el proceso de paz. En 2014 y 2015 han realizado hechos violentos en más de la tercera parte de los municipios del país[1]. Por lo tanto en el 2016, año en que se consolidará un acuerdo de paz con la insurgencia, es necesario que esta consolidación esté acompañada por el desmantelamiento efectivo de los grupos paramilitares y de todas sus redes políticas, militares y cadenas de negocios.

Hoy los acuerdos de paz que se realicen tendrán una dificultad mayor para su implementación de existir en el territorio grupos paramilitares y no solo por la seguridad de quienes hayan decidido dejar las armas, sino especialmente para las comunidades y poblaciones donde se vayan a poner en marcha los planes de implementación en la etapa de transición a la paz. Es por ello que la tregua y la transición al post acuerdo de paz es un posible escenario de recomposición territorial con potencial expansión del narcoparamilitarismo, para lo cual deben activarse todas las alarmas y políticas diferenciadas de desmonte de dicho fenómeno (no solo militar).

La verdad es que hoy las iniciativas de la fuerza pública, en este caso de los carabineros, para enfrentarlos o desmontarlos no ha sido efectiva, es por ello que se ha llamado a que el Estado tenga una política diferente y la caracterización de estos grupos sea como grupo armado organizado al margen de la ley para que sea el ejército el encargado de su desmonte militar. Es tan pobre la respuesta del Estado que el paramilitarismo ni siquiera ha merecido planes de urgencia convirtiendo al mismo Estado en cómplices de su accionar.

Hoy las pocas incautaciones y detenciones de mandos no han impedido su vertiginoso ascenso y por el contrario, la capacidad de cambio de mando es muy rápida ya que las bajas que han tenido, al instante son reemplazadas (caso Pijarvey en los llanos o Sebastián en la oficina de Envigado); lo que demuestra que son grupos con organigramas bien definidos y mando estructurado y especialmente que la táctica y estrategia militar del Estado ha sido inepta para el desmonte del paramilitarismo.

Se ha verificado y documentado desde distintas orillas cómo los grupos paramilitares han sido desarrollados en diversas regiones del país con el claro propósito de actuar en la defensa de proyectos económicos (extractivos y agroindustria), políticos y la defensa de sectores vinculados a la actividad agropecuaria y al narcotráfico.

Pero es preocupante que estamos ad portas de la finalización de una de las guerras más largas de la historia colombiana y el Estado no haya emprendido con severidad la lucha contra la principal amenaza que tiene el acuerdo de paz: el desmonte del paramilitarismo en lo militar, lo económico y lo político.

El principal error cometido en la lucha contra estas estructuras viene de la doctrina aplicada por el presidente Uribe, el cual pretendió hacernos creer que los paramilitares se acabaron con las desmovilizaciones y los que no hicieron parte del proceso dejaron de llamarse paramilitares para ser unos simples grupos organizados para la extorsión y el tráfico de estupefacientes; como si la esencia paramilitar se hubiese perdido por no hacer parte de un proceso. El que ha sido paramilitar dejará de serlo el día que desmonte su estructura completa, no solo lo militar sino también lo económico y lo político, dejará de ser paramilitar el día que diga toda la verdad y el día que repare con todos sus bienes; pero especialmente el día que se deje de considerar a su adversario político como un objetivo militar ya que la esencia del paramilitarismo nace en el momento en que se piensa aniquilar las ideas de otro por medio de grupos armados para imponer las propias.

En ese sentido, el gobierno ha presentado estos grupos postdesmovilización como simples bandas criminales a pesar de conservar muchas de las características del paramilitarismo; esto generó ambigüedad por parte de las autoridades para enfrentarlos y es una forma de ocultamiento o como mínimo una complicidad pasiva.

Si comparamos al antiguo B.C.B. -Bloque Central Bolívar- con las nuevas estructuras como por ejemplo Los Urabeños, Los Rastrojos, El Clan Úsuga, o la FIAC; se percibe que la única diferencia entre los viejos y los nuevos es que el B.C.B. era un grupo que tenía muchos más integrantes que estas nuevas estructuras; pero la esencia es la misma, es decir, tanto unos como otros tienen como objetivo principal el narcotráfico, pues no existe una distinción clara entre Alias Don Berna o Macaco con Dairo Antonio Úsuga, o con alias Otoniel ya que todos nacieron en medio de la mafia y para poder dominar sus territorios, armaron ejércitos, se aliaron con gamonales y terratenientes, se beneficiaron de las empresas de la zona, bien sea por extorción o colaboración, (y así mismo las empresas y terratenientes se beneficiaron de ellos); los paramilitares se han venido lucrando del Estado por medio de contratos en municipios, gobernaciones, institutos y el sector salud, entre otros.

El X Informe de Indepaz presenta una caracterización del narcoparamilitarismo y su objetivo actual donde su esencia paramilitar radica en el ofrecimiento de servicios a la fuerza pública para la contrainsurgencia a cambio de favores para su verdadero interés: negocios legales e ilegales y control territorial para beneficio de privados[2]. Los narcoparamilitares y sus aliados imponen dictaduras locales contra la población y la democracia en donde son amos y señores del territorio imponiendo representantes políticos (parapolítica).

Actualmente hay cuatro grandes estructuras paramilitares armadas y otras en proceso de reestructuración. En total operan en 387 municipios del territorio colombiano, según un informe realizado por el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz)[3].  Los Urabeños / Clan Úsuga, Los Rastrojos, Las Águilas Negras, el Bloque Meta y la FIAC son los más reconocidos grupos que hacen presencia. Sus rutas de movilidad coinciden con  zonas de cultivos de uso ilícito, rutas del narcotráfico, minería ilegal y negocios legales con violencia, en ese sentido, disputan determinadas áreas, las cuales, sirven como rutas estratégicas por donde se procesan y trafican estupefacientes, tal es el caso de la frontera con Venezuela y Panamá.[4]

Por lo tanto vale la pena recordar las recomendaciones que desde organizaciones como Indepaz han presentado para el efectivo desmonte del paramilitarismo denominadas “Medidas de aplicación política para los planes de urgencia” en 5 grandes temas críticos, a saber:  Asuntos de seguridad, Desescalamiento y cese bilateral y definitivo de fuego y de hostilidades, Planes de urgencia en las zonas críticas, Medidas anticorrupción y anti- parapolítica, Dirección y gestión del Plan de Urgencia y de los programas en las zonas y subzonas escogidas.[5]

¿Será que el Estado es capaz de desmontar el narcoparamilitarismo en Colombia, o siguen siendo tan funcionales al modelo que sin ellos no se sostiene? Espero equivocarme por el bien del proceso de paz.

Por: Leonardo González P

Agencia de Comunicaciones para la Paz ACPAZ

Miembro de Indepaz

Febrero de 2016

[1] Informe Indepaz

[2] X Informe de Indepaz sobre presencia de grupos narcoparamilitares: “El objetivo del narcoparamilitarismo es el lucro impuesto por la fuerza, basado en el narcotráfico y otros negocios ilegales, en especial de apropiación de recursos públicos con la complicidad y concertación con políticos. Para poder actuar, controlar territorios y rutas los narcoparamilitares actúan en connivencia con miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado. En esas alianzas ofrecen sus servicios como aliados en contrainsurgencia y violencia contra opositores o comunidades cuyos derechos territoriales y sociales chocan con los poderes mafiosos y parapolíticos”. www.indepaz.org.co

[3] XI Informe sobre presencia de grupos narcoparamilitares en Colombia 2014. www.indepaz.org.co

[4] “Los Urabeños” y “Los Rastrojos” se extienden en el oeste venezolano». vanguardia.com. Consultado el 15 de diciembre de 2015.

[5] Plan de urgencia en zonas críticas, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz. Diciembre de 2015.