Otro empujón a la paz

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En el libro “La vía ciudadana para construir la paz, más allá de la derrota o la negociación” publicado en 2010 por Indepaz y Conciliation Resources,  sus autores, entre ellos activistas, académicos, miembros de la Compañía de Jesús, funcionarios del SNU en Colombia y funcionarios públicos,  estuvimos de acuerdo en el  sentido político de la Vía Ciudadana: construir la paz desde la ciudadanía y desde los sectores sociales del país.
 
Un capítulo de este libro presenta la cronología de las Opciones Ciudadanas por la paz en donde la tesis central es, que en la medida que existan oportunidades políticas o coyunturas de oportunidad, el movimiento ciudadano y social por la paz incidirá en la creación y ambientación  de posibles diálogos políticos de los gobiernos con los armados.  También y seguramente mucho más importante dada la coyuntura y las experiencias del pasado, abrir escenarios para debatir con el gobierno y con el sector privado las agendas sustantivas para garantizar el derecho humano a la paz[1].
 
El movimiento de paz en Colombia ha tenido dos generaciones[2]: la primera generación nace en el año 1994 con la creación del la Comisión de Conciliación Nacional y  termina con  el Encuentro de Iniciativas de paz, derecho humanos e iglesias que se llevó a cabo en San Andrés en el año 2001.     Desde el año 2002 hasta la Minga Indígena y Popular en el año 2006 el movimiento estuvo estancado, pues la agenda de gobierno 2002-2010, cerró espacios de diálogo sobre el asunto estratégico de la paz.  Tal solo se crearon tímidos espacios intersectoriales de resistencia a la guerra y de atención a la crisis humanitaria.    La Minga Indígena que movilizó más de 100.000 personas en el país, reactiva la segunda generación de iniciativas de paz y toma mucha fuerza con el cambio de gobierno en 2011.
 
Sin embargo con la coyuntura que presenta el cambio de gobierno desde agosto 2010, los sectores democráticos, sectores y movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones de la sociedad civil internacional presentes en Colombia podrían acordar algunos mínimos.  Algunas propuestas,  
 
–    –  Defender y sostener la tesis que la Paz es un asunto estructural y no coyuntural
–    – Afirmar y demostrar que la Paz si bien debe tener una Política de Estado construida en consenso y junto con las instituciones del Estado, los sectores o el movimiento ciudadano y social por la paz debe también estar presente y debatir los temas de la agenda social y política del país, que en este periodo es bastante nutrida: crisis humanitaria, seguridad, derechos humanos, ley de víctimas, tierras, minería, políticas sociales en salud, educación, empleo etc.  Como está determinado, cada sector social está interesado en mayor o menor medida en asuntos puntuales.
–    –  Demostrar porque es necesario abrir el diálogo con los otros actores como los gobiernos locales, regionales y nacionales  y con el sector privado. Es necesario pensar en la construcción de paz desde la diversidad, no solo de los sectores sociales, sino también desde la diversidad política y económica.
–    –   Reconocer abiertamente que la paz es una cuestión del Estado y de los ciudadanos. 
–    –  Aprovechar los canales de comunicación que la sociedad civil en Estados Unidos y en Europa y el SNU han prestado para recomponer la  confianza entre sectores sociales e instituciones del Estado.
–    –  Atender los buenos oficios ofrecidos por la comunidad de estados latinoamericanos, principalmente en el cono sur para generar espacios de diálogo.
 
Finalmente, la agenda de actividades de las iniciativas de paz y de los sectores sociales está en crecimiento. Cuenta con el acompañamiento de algunos sectores de la sociedad civil internacional y con algunos gestos de aproximación del gobierno nacional.
 
La tarea es maximizar los procesos de resistencia a la guerra;  articular mas no unificar esfuerzos; establecer algunos mínimos políticos frente al conflicto armado; generalizar las propuestas que vayan surgiendo en el camino e impulsar canales de comunicación con instituciones del Estado y con el sector privado y pensar la paz como Política autónoma del Estado.
 
Bogotá, 21 de Junio 2011
 
[1] “La Asociación Española del Derechos Internacional de los Derechos Humanos denomina Proceso de Luarca la iniciativa de la sociedad civil española que, cristalizada en la Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz de 30 de octubre de 2006, se ofrece desde entonces a la sociedad civil internacional, a fin de animar el debate entre las ONG para identificar una definición y los contenidos del derecho humano a la paz, como emergente derecho de la solidaridad en el Derecho internacional de los derechos humanos”. En: http://www.aedidh.org/?q=node/53
 
[2]  “Las iniciativas que surgieron en los años 90 elevaron propuestas serias, rigurosas que señalaron en su momento, el nivel de compromiso y la urgencia de la solución no armada al conflicto. Las iniciativas de segunda generación, desde el año 2006, demostraron movilización ciudadana a favor de los acuerdos humanitarios, contra el secuestro y en contra de las acciones de guerra de todos los combatientes en un contexto polarizado y marcado por la militarización de los espacios sociales” En: http://www.c-r.org/spanish/documents/libro_Via_Ciudadana_final_feb_2010.pdf Pág. 85-86

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