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Los retos de la reintegración en la construcción de paz

Ene 25, 2016 Felipe Morales

Por: Jorge Castellanos – Indepaz-Santander

Reintegración

Sin duda la reintegración a la vida civil de los excombatientes es un asunto crucial para considerar en los nuevos ambientes de la reconciliación y la no repetición. El prolongado conflicto armado interno tiene en las regiones  un escenario de primer orden para explorar nuevos intentos de paz y reconciliación a partir de un examen participativo a los procesos y políticas vigentes o nuevas, para el Desarme, Desmovilización y Reintegración – DDR – que faciliten el camino de la terminación de la guerra y la reintegración a la vida civil, productiva y comunitaria de los integrantes de grupos guerrilleros FARC y ELN.

Política marginal de reintegración.

Con la desmovilización incompleta de grupos y bloques paramilitares se dio origen a los beneficios que ofreció la ley 975 de 2005 de “Justicia y Paz”, emergió en Colombia la llamada Justicia transicional, como fórmula para encontrar procesos de paz y reconciliación, otorgando beneficios de penas a los victimarios y abriendo el reconocimiento de derechos de verdad, justicia y reparación a las víctimas; con su implementación se pudo constatar en todo el país y en Santander la disminución significativa de graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional humanitario, en relación con los índices de homicidios, desplazamiento forzado, desapariciones, amenazas, despojo y abandono de tierras registrados entre el año 1997 y el 2005. Sin embargo, es claro que este proceso de justicia penal a pesar de los beneficios jurídicos ofrecidos a excombatientes y victimarios, es fallido, pues en la mayoría de estos casos aún no muestra las sentencias ni los fallos condenatorios a los victimarios, solo  fragmentos de verdad y sin la reparación a favor de las víctimas.

Una reflexión primera es la necesidad y el derecho de la sociedad colombiana de conocer  la política y la institucionalidad que tendrá la responsabilidad de implementar la Reintegración (DDR) de los excombatientes, de sus programas y sobre todo la articulación institucional a nivel territorial regional y local en la perspectiva de asumir el desafío de un proceso exitoso para avanzar en la terminación del conflicto y construcción de paz.

La política de DDR no ha logrado ocupar un lugar destacado en el entramado interinstitucional, que apalanque los nuevos procesos de transformación del conflicto con la prioridad y la voluntad política en la construcción de paz; tampoco es visible ni se registra en los discursos políticos ni en las agendas de los partidos políticos y movimientos ciudadanos de paz.

De la reintegración a la reconciliación y el papel de la sociedad civil

Más allá del objetivo principal de la reintegración social, comunitaria y económica de las personas y los grupos armados que se reintegran a la vida civil, la política de DDR tiene el reto de promover las condiciones en la sociedad local y regional para la reconciliación y la participación activa de toda la sociedad, incluidos los movimientos sociales y comunitarios, las víctimas, los excombatientes, las instituciones públicas, la academia, los gremios económicos, en la perspectiva de constituirse en movimiento social para la construcción de paz y en una estrategia importante para evitar la repetición de nuevos levantamientos armados.

Estudios demuestran que los conflictos armados en el mundo han implementado diferentes enfoques o modelos de DDR para superar las guerras. Muchos de ellos, han considerado incorporar acuerdos, beneficios y garantías más allá de los reconocimientos sociales, políticos y económicos a miembros de grupos desmovilizados, llegando a suscribir pactos y reformas institucionales que logran modificar las raíces de esos conflictos y benefician a la sociedad en su conjunto.

Pero también es evidente la distancia entre la sociedad civil en su conjunto y los procesos de desmovilización, sin diálogo político con las comunidades, con las autoridades territoriales y otros sectores; el proceso es carente de espacios y tiempos de socialización para conocer los compromisos de los desmovilizados, los lugares para su reintegración, la reparación a las víctimas y el aporte a la memoria histórica, en su interés por ganar el espacio de credibilidad.

El lugar social de acogida después de la guerra para los excombatientes es una responsabilidad colectiva. Tan inmenso reto representa un acto generoso hacia la reconciliación por el valor de la paz que debemos cimentar para la vida digna de las próximas generaciones. La calidad de la política del DDR desde luego no resuelve todos los aspectos de una paz integral, pero es un paso fundamental que mide la grandeza de la sociedad colombiana para conquistar el derecho a la convivencia pacífica, a la no reincidencia, al cierre de un proceso de violencias.

Por tanto es de elemental importancia valorar cómo en la  política de DDR, los exmiembros de grupos armados ilegales tienen reconocimiento, deberes y derechos para rehacer sus proyectos de vida en la civilidad, ser respetados como actores de la paz y la no violencia desde el compromiso asumido, trabajar por un país en paz y con espacios para la vida en comunidad. Por tanto el DDR reviste de prioridad en la agenda de los planes territoriales de paz, las instituciones públicas y los diferentes sectores de la sociedad civil.

Por ahora tenemos una política pública oficial con escaso eco en una sociedad civil que desde la indiferencia, el desconocimiento y la limitada credibilidad, mantiene la expectativa en una esperanza de paz y reconciliación que para muchos aún se percibe lejana.

Queda claro que el DDR (Desarme, Desmovilización y Reintegración) de los excombatientes de los grupos armados ilegales a la civilidad son un paso fundamental para lograr la paz, pero por si mismo no es la paz. Se requiere unir este proceso con la voluntad política y el compromiso profundo de la sociedad colombiana en los territorios para remover las causas de estas violencia, como un eslabón indispensable de Paz sostenible junto a la reparación de las víctimas, a la verdad, a la justicia y a la reconciliación en un reencuentro con el camino de la paz para todos los colombianos.