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LOS REINCORPORADOS ENTRE TRES FUEGOS – La hiper estigmatización, fallas en implementación integral y asesinato sistemático –

Nov 12, 2020 Camilo Gonzalez Posso

Por: Camilo González Posso

Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – Indepaz

Bogotá D.C. 30 de octubre de 2020

En Indepaz se ha hecho un seguimiento a las conflictividades violentas en el periodo posterior a la firma del Acuerdo Final para la terminación del conflicto, AFP, suscrito entre el Estado y las FARC EP en noviembre de 2016. En ese marco se han evaluado las agresiones contra excombatientes y sus familias, llegando a algunas conclusiones o tesis provisionales de interpretación que se consignan de manera sintética como elementos que pueden contribuir a la adopción de medidas efectivas de garantías de seguridad para los excombatientes.

  1. El mayor riesgo de agresiones a los excombatientes lo constituye la estigmatización a los acuerdos de paz y a las condiciones de reincorporación política de los excombatientes que lo firmaron y se comprometieron con su implementación. La estigmatización y discursos del odio forman la matriz ideológica para la discriminación, agresión y desconocimiento de derechos de las personas en proceso de reincorporación.

Por estigmatización de los acuerdos de paz se entienden las campañas y discursos sistemáticos orientados a desfigurar su contenido, desconocer su legalidad y soporte constitucional, a descalificarlos llamando a obstaculizar, frenar o a la no implementación de contenidos esenciales. Esa estigmatización se dirige a deslegitimar en la sociedad las garantías y beneficios para las personas en proceso de reincorporación en lo relativo a participación en política, ejercicio de liderazgo social, justicia transicional, programas colectivos de seguridad, incorporación económica y social.

Los discursos del odio que acompañan la estigmatización de los excombatientes se proponen mantener la calificación de criminal a las conductas posteriores a la firma de los acuerdos de paz y la dejación efectiva de las armas. Se les niega la calidad de parte en un pacto de paz constitucionalmente reconocido, para justificar la segregación, animando la agresión y dinámicas de retaliación y justicia privada o por mano propia

2. La firma del AFP es un paso adelante en la transición al posconflicto, pero no implica automáticamente el cierre de los conflictos armados y las violencias estructurales.

La firma y ratificación del AFP abrió la posibilidad de la paz en Colombia y previó un periodo de 15 años de implementación, construcción de paz con nuevos pactos y transformaciones para llegar a una paz más completa. Para que esa transición sea posible, se ha entendido que es necesario un proceso continuo y gradual de superación de las causas estructurales políticas y socioeconómicas que han permitido un largo ciclo de más de setenta años de guerras, conflictos armados y periodos de violencia generalizada. Sectores muy poderosos se acostumbraron a acumular riqueza y poderes recurriendo a la violencia o aprovechando para su beneficio contextos de confrontaciones armadas. La guerra y la imposición de regímenes violentos por medio de las armas, se convirtió en forma de vida de grupos armados ilegales, mafias, guerrillas y de complejos paramilitares. La corrupción y captura de instituciones del Estado por aparatos macrocriminales de poder, se tornaron en característica del régimen político.

3. La no implementación integral, oportuna y de buena fe del AFP propicia condiciones de inseguridad general y en especial en los territorios en los cuales hay situaciones crónicas de violencia socioeconómica, política y de confrontaciones armadas.

El AFP une cuatro elementos clave para una transición que desmonte progresivamente las violencias asociadas a los conflictos armados: transformaciones democráticas para toda la sociedad, reincorporación transfigurada de poblaciones y territorios que han tenido los mayores impactos de las violencias armada, reincorporación política y socioeconómica de excombatientes y reparación a las victimas y a la sociedad con garantías de no repetición.

La transformación territorial con programas de gran alcance se ha entendido como el sentido de la reforma rural, la ampliación de la democracia, la ejecución de programas concertados de sustitución de economías ilícitas, la puesta en marcha del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

En consecuencia, las garantías de seguridad para los sujetos sociales y políticos comprometidos con la paz dependen de esa implementación integral del AFP.

4. Persiste el paramilitarismo bajo nuevas formas, pero no se tienen políticas ni estrategias para su desmantelamiento.

El desmantelamiento del paramilitarismo, o de las organizaciones y conductas herederas del paramilitarismo se identificó en el AFP como una prioridad para las garantías de seguridad en la sociedad, en las zonas de presencia crónica o continuada de grupos armados y para la reincorporación política de excombatientes.

Sin embargo, desde la firma de ese AFP se ha avanzado poco en la comprensión del fenómeno criminal del complejo paramilitar y sus formas de persistencia en múltiples ámbitos de la sociedad y del Estado. En las políticas de seguridad se niega la realidad del paramilitarismo, disolviendo su existencia y reduciéndola a las prácticas de grupos armados organizados sustentados en economías ilegales; con ese desenfoque se priva al Estado y a los gobiernos de estrategias de desarticulación de las estructuras económicas y políticas que determinan, muchas veces desde coberturas legales, la persistencia del fenómeno criminal. (ver http://www.indepaz.org.co/informe-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2018-2019/; http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/09/audiencia-proyecto-paramilitarismo-28-09-2020.pdf El Complejo Paramilitar se transforma)

5. No funcionan adecuadamente los programas de reincorporación y las medidas de protección de excombatientes. Las instancias con los reincorporados se reúnen, pero las decisiones no avanzan al ritmo necesario.

Se ha desdibujado la reincorporación política que es el eje del conjunto del tránsito desde las armas a la legalidad. A la vez se ha disminuido el papel de la reincorporación colectiva social y económica debilitando así las condiciones de seguridad de los excombatientes.

Se muestran avances en la reincorporación individual de excombatientes pero son insuficientes frente a la urgencia del cubrir la totalidad de personas en proceso de reincorporación. Las limitaciones de recursos, y medidas que le corresponde garantizar al gobierno, se traducen en precaria interrelación entre los reincorporados y las comunidades vecinas a sus espacios de ubicación. (ver anexo)

Esta situación deficitaria de la reincorporación tiene resonancia con desconfianzas entre los reincorporados con los programas y proyectos, descohesión entre ellos, tensiones con sus antiguos mandos y con los responsables de la relación con las instancias de coordinación con el gobierno y otras instancias del Estado.

6. En las regiones en donde tuvo mayor presencia las FARC EP hay dinámicas de desconfianza o rechazo al proyecto político de la FARComún y a su recomposición como fuerza social; se manifiestan historias de resentimiento, expectativas de victimas, cuentas pendientes, disputas políticas.( ver mapas en www.indepaz.org.co/ http://www.indepaz.org.co/los-grupos-posfarc-ep-un-escenario-complejo/)

En muchas zonas que fueron de presencia prolongada de las FARC EP, sigue primando la desconfianza frente a los beneficios de los acuerdos de paz para la población y las victimas directas. La expectativa de cambios territoriales choca con la lenta implementación de los acuerdos. Pero hay que señalar también que esta situación de desconfianza no se puede atribuir esquemáticamente a ese incumplimiento, a la estigmatización y a los discursos del odio, pues hay duelos, reclamos por menores y jóvenes reclutados, historias de arbitrariedad y violencia que mantienen brechas de incredulidad frente a la reincorporación.  Puede suponerse que estas realidades no han sido evaluadas a profundidad para definir estrategias de integración territorial de excombatientes, asociadas con reparación, garantías de no repetición y demás componentes de justicia transicional.

7. En zonas con fuerte impacto de economías ilegales se han desbordado las disputas por control territorial por la herencia de negocios de la economía de la coca y el narcotráfico, minería, redes de extorsión. La presencia de reincorporados es vista como una amenaza a intereses de poder local y de negocios legales e ilegales.

El desmonte de las FARC EP como organización armada, significó la dejación de estructuras económicas de soporte a la guerra y desde el inicio de las negociaciones de paz en La Habana generó dinámicas de recomposición de poderes de facto en los territorios de mayor influencia. Esto se aceleró con repliegue de las FARC EP, la dejación de armas, la ubicación en los ETCR y después a nuevas áreas de reincorporación.

En estas condiciones la relación de los ETCR con las comunidades vecinas ha sido vista por los pobladores con incertidumbre: abriéndose a la oportunidad de disminución de violencias e interacción con proyectos productivos y por otro lado cerrándose por temor a ser involucrados en los riesgos de los excombatientes.

El retorno individual o en grupo de excombatientes a zonas en las cuales fueron militarmente activos, quedó inmerso en los conflictos de reconfiguración de poderes locales y regionales, de modo que en muchas ocasiones y en medio de la estigmatización, han sido vistos a priori como rivales por viejos poderes o poderes emergentes, como enemigos de organizaciones armadas ilegales; otros los pretenden como potenciales socios o cómplices en economías ilegales asociadas al narcotráfico, rentas de cultivos de uso ilícito, minería legal e ilegal, redes mafiosas de diverso signo.

Las organizaciones narco paramilitares que se han reconfigurado en el pos acuerdo son solo un componente de la agresión contra los reincorporados; mafias, clanes políticos y promotores de macroproyectos ven a los excombatientes como rivales o enemigos en los territorios en disputa.

8. La incorporación a la vida civil, a los ETCR y demás espacios transitorios, vinculó a los combatientes pertenecientes a las estructuras armadas de las FARC EP que tenían funcionamiento regular, bajo una jerarquía regulada cotidiana.

La reincorporación no incluyó buena parte de las milicias, grupos periféricos de apoyo, aliados de ocasión o conveniencia en negocios para la economía de guerra. Esta situación dejó tensiones en los territorios, disputas por herencias, espacios para la recomposición de grupos armados. En algunas regiones esa periferia no reincorporada es vista como fuente de reclutas para nuevos y viejos grupos armados que se recomponen para apoderarse de negocios que antes eran parte de las finanzas de las FARC EP.

Algunos mandos medios y de baja jerarquía en la estructura guerrillera se dieron a la tarea de rearmar pequeños grupos que entraron en choque con la iniciativa política y de cumplimiento de los acuerdos por parte de los reincorporados. En estos cuatro años estos nuevos grupos han tenido violentas disputas entre ellos y con otros grupos armados para delimitar territorios de operaciones y alianzas para sus negocios, convirtiéndose en una amenaza para los reincorporados.

9. Los residuales y disidentes de las FARC EP son una amenaza porque,  

  • Presionan deserciones de la reincorporación;
  • Utilizan la violencia para intentar colaboración, información, apoyo, contactos, rutas.
  • Atacan a reincorporados que llegan a las zonas a subsistir, buscar proyectos productivos, organización social o política.

La mayoría de los grupos posdesmovilización de las FARC se han reagrupado para lucrarse de rentas de economías ilegales y brindar servicios de seguridad a mafias y narcotraficantes. Carecen de proyecto y posibilidad como fuerzas insurgentes y no tienen como objetivo enfrentar al Estado o a la fuerza pública, aunque se presenten frecuentes hostilidades cuando se les disputan negocios. Estos son los más agresivos contra los excombatientes, seguidos por los narcoparamilitares y por empresarios y políticos regionales que siguen en lógicas armadas y sicariales.

10. Patrones de sistematicidad en las agresiones contra excombatientes.

Puede afirmarse que la agresión contra los excombatientes esta determinada por la persistencia de la estigmatización contra el AFP, que acompaña oposición o resistencia desde algunos sectores a la implementación de puntos clave, con el desenfoque de la investigación criminal cuando incrimina en primer término a los excombatientes como reincidentes. La ofensiva permanente opositores al AFP para desmontar la JEP y la participación en política de los excombatientes definida en el AFP, es parte de los determinantes de la inseguridad en los territorios críticos y requiere retomar el camino del pacto nacional por la paz, la no estigmatización y la proscripción del uso de armas en la política y en la conflictividad socioeconómica.

 NOTICIAS DE LOS EXCOMBATIENTES DE LAS FARC EN PROCESO DE REINCORPORACION
1.De las 13.125 personas exFarc-Ep en proceso de reincorporación; 9.538 se reubicaron en nuevos sitios y 2.625 permanecen en los ETCR.
2.La totalidad de los 13.125 en proceso de reincorporación cumplieron el compromiso de dejación de las armas en 2017. Menos del 5% ha reincidido en actividades ilegales.
3.Desde la firma del Acuerdo Final, la Misión ha verificado 297 ataques contra exmiembros de las FARC-EP, que comprenden 224 asesinatos (incluidos 4 de mujeres), 20 desapariciones y 53 intentos de homicidio (incluidos 4 de mujeres).
4.En el período sobre el que se informa, el 52 % de los excombatientes asesinados habían sido excarcelados de conformidad con el Acuerdo Final. La mayoría de ellos vivían fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación.
5.En 2020, el 30 % de los asesinatos se han cometido cerca de estas nuevas áreas, que en su mayoría están ubicadas en regiones rurales aisladas en las que la presencia estatal es limitada y en las que los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales se enfrentan por las economías ilícitas
6.El asesinato de excombatientes deja a sus familiares expuestos a riesgos en materia de seguridad y dificultades económicas.
7.Hasta la fecha, la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General de la Nación ha reportado 31 condenas y 20 casos en etapa de juicio relacionados con ataques contra excombatientes. Además, en el período sobre el que se informa fueron detenidos 4 sospechosos de ser autores intelectuales, con lo que en total suman 15 desde la firma del Acuerdo Final.
8.La mesa técnica tripartita sobre investigaciones, en la cual la Unidad Especial de Investigación, FARC y la Misión hacen un seguimiento conjunto de las potenciales amenazas y las investigaciones, se está expandiendo regionalmente, dando prioridad a las regiones en que se registra el mayor número de asesinatos de excombatientes.
9.En respuesta a los persistentes asesinatos y riesgos para la seguridad de exmiembros de las FARC-EP, en julio la Jurisdicción Especial para la Paz adoptó medidas cautelares con arreglo a las cuales la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación, la Unidad Nacional de Protección y el Ministerio de Hacienda y Crédito Público han de convocar a las entidades de seguridad competentes e implementar los mecanismos de protección de excombatientes que figuran en el punto 3.4 del Acuerdo Final, incluida la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
10.El 3 de septiembre la Agencia para la Reincorporación y la Normalización publicó una resolución en la que prorrogó hasta el 31 de enero de 2021 las condiciones flexibles para que los excombatientes reciban su asignación mensual y finalicen el diseño de las hojas de ruta colectivas e individuales.
11.FARC ha seguido solicitando que se establezca un sistema nacional de reincorporación que se base en una mayor participación institucional en la implementación de la Ruta de Reincorporación, como se dispone en la Política Nacional de Reincorporación (CONPES 3931).
12.De los 66 proyectos colectivos aprobados hasta la fecha, que benefician a 2.928 excombatientes (incluidas 837 mujeres), han recibido fondos 49 (uno más desde el período al que se refirió el informe anterior), que benefician a 2.281 excombatientes (incluidas 650 mujeres).
13.La Agencia para la Reincorporación y la Normalización está considerando la posibilidad de permitir que los excombatientes utilicen la asignación de 8 millones de pesos colombianos prevista en el Acuerdo Final para adquirir tierras para proyectos productivos.
14.La Agencia para la Reincorporación y la Normalización tiene la intención de adquirir predios para nueve antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación antes de finales de año.
15.La consolidación de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación sigue viéndose afectada por la inseguridad, motivo por el cual los de Buenos Aires (Cauca) e Ituango (Antioquia) han requerido ser trasladados, incluidos sus proyectos productivos, como el exitoso proyecto de café del antiguo espacio territorial de Buenos Aires
16.Más de 9.300 excombatientes que viven fuera de los antiguos espacios territoriales de capacitación y reincorporación siguen enfrentando mayores vulnerabilidades en cuanto a la seguridad, las oportunidades productivas y el acceso a apoyo institucional. FARC ha identificado más de 90 nuevas áreas de reincorporación.
17.El aumento de la inseguridad de los excombatientes en las nuevas áreas de reincorporación continúa afectando a la reincorporación socioeconómica. Un exitoso proyecto de ganadería de la nueva área de reincorporación de El Diamante (Meta) está siendo trasladado por motivos de seguridad.
FUENTE. Informe del Secretario General de la ONU al Consejo de Seguridad (Sobre la Misión de Verificación de las Naciones Unidas) . 25 de septiembre de 2020
18.A la fecha se encuentran vinculados 764 personas en reincorporación en el cargo de agentes escolta y 1 en cargos administrativos
19.El Ministerio de Agricultura realizó la adjudicación condicionada de 501 subsidios familiares de vivienda rural (SFVISR) a igual número de personas en reincorporación.
20.El 98.1% (13.663 ) de los excombatientes Farc han estado afiliados a salud. – El 82,5% de la población en reincorporación, (11.491 personas) cuentan con afiliación a algún régimen pensional.