SE DISCUTEN MECANISMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE PAZ
Por: Camilo González Posso
Estamos ante la recta final de las negociaciones de paz entre el gobierno y las FARC. Eso lo indican las palabras de unos y otros y también las propuestas que ya se están barajando sobre el punto denominado fin del conflicto que incluye el cese definitivo, dejación de armas, neutralización del paramilitarismo y reformas para la paz. Los voceros de las FARC dicen que está cerca el anuncio de un acuerdo sobre justicia y cuando eso ocurra podremos decretar fiestas por la paz en todo el país pues habremos pasado el punto de no retorno.
En este ambiente es oportuno que se comiencen a diseñar los mecanismos para el punto 6 de la agenda que se llama “implementación, verificación y ratificación”. Y es hacia esos temas que apunta el proyecto de Acto Legislativo de creación de una Comisión Especial Legislativa CLE, en el Congreso de la República. Según el texto del “Acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz sostenible y duradera” (AG), esa implementación contempla seis subpuntos: Mecanismos de implementación, acompañamiento internacional. Cronograma. Presupuesto. Herramientas de difusión y comunicación. Mecanismo de refrendación de los acuerdos.
La iniciativa de Acto Legislativo ha sido tomada unilateralmente por parte del gobierno atendiendo al enunciado del Acuerdo que dice que “El Gobierno Nacional revisará y hará las reformas y los ajustes institucionales necesarios para hacer frente a los retos de la construcción de la paz”. (numeral 3.5 del AG). Pero el no haber sido concertado en la mesa choca con el criterio de bilateralidad para definir los mecanismos de implementación (6.1 del AG).
UNILATERAL E INCOMPLETA
Pero más acá de esa necesaria aclaración sobre la autonomía del gobierno para adoptar un mecanismo agíl de implementación de aquellos puntos del pacto que exijan reformas legales o constitucionales, hay que reconocer primero que efectivamente el procedimiento ordinario vigente es muy largo y riesgoso para darle fuerza institucional a lo que se pacte en la mesa y que trasciende las atribuciones actuales del gobierno. Ante este obstáculo la idea de la CLE tiene un diseño inteligente.
Pero, es además de unilateral incompleta, e igualmente riesgosa para todos. Se pretende que un organismo especial legislativo y constituyente, derivado del Congreso de la República, se meta a establecer los detalles de los acuerdos sustantivos en materia agraria, de participación, cultivos, garantías, justicia, derechos políticos de los ex combatientes, de nuevos partidos, etc, etc.
Cada ley o acto legislativo sobre esas materias tiene que desarrollar lo finalmente pactado, establecer procedimientos, instituciones que apenas quedan enunciadas, presupuestos, tiempos, territorios. Y la fidelidad a la letra y espiritu del Acuerdo Final quedaría en definitiva en manos del Presidente que se reserva no solo la iniciativa legislativa sino también un derecho de control y veto, además de las facultades extraordinarias para decretos ley que no sean orgánicos ni estatutarios.
Tal como está esa Comisión Legislativa es un proyecto de Constituyente Derivada, con un Congreso que le ejerce control en Plenarias y un Presidente que la tutela. Para el gobierno tiene la ventaja de imponer sus actuales mayorias sin los avatares de una Constituyente que sería inapropiada para implementar con reformas lo acordado en La Habana. La Comisión estaría integrada por 61 congresistas de Senado y Cámara (Comisiones Primera más 12 escogidos por las mesas directivas) entre los cuales estarían 7 de minorías y 8 del Centro Democrático.
INCLUIR A LAS FARC EN LA DEFINICIÓN DE MECANISMOS DE IMPLEMENTACIÓN
Para darle la legitimidad y eficacia a su propuesta, el gobierno debería llevarla a la mesa de negociación de La Habana y hecerle los ajustes del caso. El primero es ofrecerle un número de cupos importante a las FARC acorde con que la CLE tendrá como encargo sólo implementar lo pactado en La Habana. Por ejemplo podrían avalar a un número de delegados plenos mínimo del 50% de los que tendrá la coalisión de gobierno y además restituir curules a la UP como parte de las medidas de reparación. Los avalados que entrarían con voz y voto tendrían un regimen especial y flexible de inhabilidades y no serían necesariamente militantes de esas organizaciones.
Es clave que la iniciativa legislativa que se le asigna exclusivamente al gobierno se condicione a la consulta previa o consenso con una delegación de la mesa que construye el pacto.
MANDATO Y CONSTITUYENTE PARCIAL
De otro lado sería oportuno agregar al proyecto de acto legislativo una fórmula que resuelva los problemas de la ratificación de los acuerdos por voto popular. Se puede crear una figura de excepción denominada PRONUNCIAMIENTO POR LA PAZ ( o Mandato por la Paz) que lleve a votación del pueblo, para que decida por mayoria simple de los votantes, la ratificación de un voto dado en plenaria única de Senado y Cámara de aprobación de lo actuado por el gobierno y consignado en el Acuerdo Final.
La oportunidad de una Constituyente Parcial sería para después de la ratificación y realización del trabajo de implementación de la Comisión Legislativa y sería solo para los desacuerdos en la agenda negociada, los que queden pendientes en eventuales acuerdos con el ELN y los que incluya el Centro Democrático para entrar en el Pacto sin afectar lo ya ratificado.
Todo esta deliberación sobre implementación y ratificación de los acuerdos es la señal de que el pacto de paz ya aparece en el horizonte y reclama imaginación para salvar los últimos e ineludibles obstáculos.
camilogonzalezposso@gmail.com – septiembre 2015.