Camilo González Posso[1]
Lo peor de esta coyuntura sería que la consulta anticorrupción no logre los 12 millones de votos necesarios para que se exprese la voluntad de la ciudadanía de imponerle un mandato al gobierno de Iván Duque a las instituciones y a la sociedad entera. Con un fracaso el 26 de agosto, al triunfo del No en el plebiscito y de la coalición que quiere desmontar puntos sustanciales de los acuerdos de paz, se sumaria la complicidad de las mayorías con el régimen de corrupción y de asalto a los recursos públicos y de la nación que, sumado a la violencia, ha sido el alma de la acumulación de riqueza y de poder en Colombia.
Todos los corruptos que están en el Congreso de la República a regañadientes le dijeron sí a la consulta propuesta por el partido Alianza Verde con el apoyo del Polo y de congresistas independientes y de los sectores decentes de otros partidos. Pero a la hora de la verdad salta la liebre y comienzan a salir los discursos de desaliento que promueven de hecho la abstención.
Es probable que una vez aprobada la consulta y definida la fecha del 26 de agosto para realizarla, las críticas – incluso las más sensatas – le den paso a la campaña anticorrupción. Políticos y columnistas han señalado que algunos de los siete puntos de la consulta ya son parte del ordenamiento jurídico y por lo tanto que su aprobación tendrá sólo una fuerza política que obliga a un estricto cumplimiento de las normas del caso. Aún en estas condiciones se le apuesta a un mandato ciudadano que hará más difícil la burla que es habitual en Colombia a toda ley que se opone a las maniobras cleptómanas de los contratistas de grandes obras o de los negociantes especializados en trucos leguleyos para aumentar sus utilidades o para que una vez cometido el pillaje vengan las leyes de encubrimiento a sanear sus delitos.
La campaña por marcar siete veces SI en el tarjetón[2] es una condena política a la captura del estado por el clientelismo, los contratistas mafiosos y las empresas estado – adictas y por eso choca con la indiferencia de las maquinarias políticas y de los especialistas en apoderarse de los bienes colectivos. Es la oportunidad para ampliar las alianzas ciudadanas por la democracia y la paz y para sentar bases a próximas acciones en defensa de lo público y en contra de la impunidad de los corruptos especializados en el fraude electoral o comprometidos en escándalos como el de Odebrecht, Reficar, Interbolsa, Caprecom, Saldcoop, Electricaribe, Agroingreso Seguro, compras y nóminas paralelas en las Fuerzas Armadas, evasión y elusión en paraísos fiscales, acaparamiento de tierras en la altillanura, subregistro de producción minera, de impuestos y regalías, carteles oligopólicos, lavado de activos, carruseles de tráfico de influencia al servicio de inversionistas inescrupulosos, promoción de leyes para formalizar ganancias y rentas de origen ilícito, etc, etc.
La lucha contra la corrupción se enfrenta a un régimen criminal que ha hecho metástasis en la relación de agentes privados y el Estado. Esa corrupción es ante todo promovida desde enemigos de lo público que aprovechan autoridad y poder para apropiarse de manera indebida de activos ajenos. La ideología neoliberal ha pretendido asociar corrupción y acción estatal para facilitar la privatización a menos precio al servicio de grupos poderosos y mafias y en el caso colombiano esa ideología o fanatismo antiestatal ha encubierto maniobras para rifar bienes públicos en una lotería marcada por los compradores previamente escogidos a dedo.
Más de 20 billones de pesos van cada año en Colombia a los bolsillos de la corrupción y se suman con las ganancias de los narcotraficantes y sus financistas en los circuitos del lavado de activos que pasan por las narices de las autoridades sin que logren identificar más del 6%.
En la consulta anticorrupción no están todos los temas de este modelo de reproducción ampliada de activos ilícitos pero es un paso adelante para deslegitimarlo y fortalecer la vigilancia ciudadana y ampliar las alianzas por la democracia y la paz.
Camilogonzalezposso@gmail.com – Bogotá D.C. 23 de junio de 2018.
[1] Presidente del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz – INDEPAZ
[2] 1. Reducir el salario de congresistas y altos funcionarios del estado.2: Cárcel a corruptos y prohibirles volver a contratar con el estado.3: Contratación transparente obligatoria en todo el país. 4: Presupuestos públicos con participación de la ciudadanía. 5: Congresistas deben rendir cuentas de su asistencia, votación y gestión. 6: Hacer públicas las propiedades e ingresos injustificados de políticos elegidos y extinguirles el dominio. 7: No más atornillados en el poder: máximo tres períodos en corporaciones públicas.