Por. José Cobos Romero
Indepaz, 27 de agosto de 2018
A continuación mostramos de manera íntegra la entrevista que desde Indepaz realizamos el pasado 22 de agosto a Aída Quilcué Vivas, dirigente del pueblo indígena Nasa y consejera de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y paz de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).
Nos recibe en su oficina de la sede de la organización en Bogotá, donde accede a responder a algunas preguntas acerca de la delicada situación que sufre la población indígena en el país. Debido a la magnitud del problema y de la heterogeneidad de los pueblos indígenas y sus causas, la conversación gira especialmente en torno al contexto que vive la comunidad Nasa en la región del Norte del Cauca, donde tiene lugar el conocido como proceso de Liberación de la Madre Tierra, origen de múltiples enfrentamientos y violencias contra este pueblo, así como objeto de un gran debate en torno a su legitimidad.
I – Muchas gracias por dedicarnos unos minutos, Aída. ¿Nos podría contar un poco su trayectoria y el trabajo que realiza para la ONIC?
A – En principio saludarlos. Mi nombre es Aída Quilcué, soy originaria de Tierradentro, en el Departamento del Cauca. Soy exconsejera del CRIC (Consejo Regional Indígena del Cauca), y durante casi 20 años he venido trabajando todo el proceso político y organizativo con los pueblos y organizaciones indígenas en los Departamentos del Huila y del Cauca. Ahora, en la ONIC, representando a las diez regiones que hacen parte del suroccidente colombiano. En este momento estoy trabajando con la Consejería de derechos de los pueblos indígenas, derechos humanos y paz. Estamos aquí acompañando ya, va para dos años en este proceso, todo el tema de los derechos indígenas en Colombia de las filiales a la ONIC. Eso, básicamente.
I – Sabemos que los líderes sociales están siendo agredidos, amenazados y asesinados en toda Colombia. Sin embargo, la situación en el Norte del Cauca es especialmente alarmante. ¿Qué está ocurriendo?
A – El Norte del Cauca ha sido históricamente una región estratégica por la presencia y movilidad de grupos armados, pero también por el hecho de ser una zona en la que existen muchos cultivos ilícitos. Yo diría que una gran parte de los territorios están sembrados de cultivos ilícitos como la marihuana o la coca, y esto sin duda hace que se agudice la situación.
Como iba diciendo, el Norte del Cauca fue uno de los epicentros más fuertes del conflicto armado, con multitud de violaciones de derechos humanos, de derechos individuales y de derechos colectivos. Es por ello que, con el acuerdo de cese del conflicto con las FARC, en zonas como el resguardo de Corinto, Tacueyó, Caloto, San Francisco, Santander o Toribío (entre otros muchos municipios), muchas de las comunidades casi recuperaron su tranquilidad. Hablamos de la tranquilidad de volver a disfrutar de movilidad, de la terminación de los hostigamientos y combates, y de desconvocar las asambleas permanentes que habían caracterizado todos estos años anteriores al Acuerdo de Paz.
Sin embargo, en este contexto de aplicación del Acuerdo ahora aparecen (o se hacen más visibles) otros fenómenos que afectan a esta región. Hablamos de disidencias de las FARC, del ELN, del EPL o de la militarización de los territorios a través de la fuerza pública. Estos fenómenos no pueden explicarse sin hacer referencia a los dos problemas estructurales de la región: la desigual propiedad de la tierra en favor de los grandes empresarios del monocultivo de azúcar y el problema del narcotráfico.
Y es en mitad de este complejo escenario donde puede explicarse el otro fenómeno importante que tiene el Norte del Cauca: el de las comunidades indígenas. La problemática tiene como principal víctima a la comunidad Nasa, que en los últimos tiempos viene fortaleciendo su proceso político-organizativo y que, a través de la guardia indígena, ha ejercido un proceso de control social y territorial que no resulta bien recibido por parte del resto de actores dentro del territorio.
Este control social y territorial ha traído riesgos a la guardia indígena, a las autoridades (indígenas), a los líderes sociales… ¿Eso qué implica? Pues implica que haya amenazas, agresiones, señalamientos y unas cifras tan altas de asesinatos en el Norte del Cauca.
I – Dentro de estas estrategias de control social o territorial de las que hablamos, surge el proceso de Liberación de la Madre Tierra en algunos de los municipios del Departamento. Allí, el pueblo Nasa ocupa y “libera” la tierra de los monocultivos de caña de azúcar ¿Podría hablarnos de la justificación legal que tiene este movimiento?
A – Bueno, más que hablar de legalidad en su sentido más formal yo hablaría de la legitimidad que tiene el pueblo Nasa sobre la tierra. Y es que las recuperaciones de tierra no se inician ni siquiera con la creación del CRIC, las recuperaciones de tierra nacen en las épocas de Quintín Lame, porque ya entonces muchos de los resguardos pertenecientes a las comunidades nativas estaban siendo extinguidos, expropiados. Por eso, desde el proceso de Liberación de la Madre Tierra se argumenta que ya entonces se desdibuja todo el tema de la propiedad colectiva y ancestral, pues entraron los cañeros, los grandes empresarios, a empezar a quitarles la tierra a los indígenas. Quintín Lame empieza a hablar de las recuperaciones de las tierras que fueron ancestralmente del pueblo Nasa o de otros pueblos indígenas, y a hablar de la necesidad de recuperarlas, pues tenían títulos de propiedad colectiva y especialmente carácter colonial, aquí se justifica legal o legítimamente la propiedad sobre la tierra por parte del pueblo Nasa.
Más tarde, en 1971, en el marco del Primer Congreso, el CRIC toma como plataforma de lucha la recuperación de tierras. Más tarde, en sucesivos Congresos, se reafirma la continuación del legado de la recuperación de la tierra, pero se le añade el componente de la liberación de la Madre Tierra. ¿Por qué no únicamente recuperación? Porque muchas de las tierras fueron expropiadas a los pueblos indígenas y había que recuperar esa propiedad colectiva que legal y legítimamente era de las comunidades. Pero además, a esos pueblos no solamente les quitaron las propiedades, sino que las ocuparon con monocultivos como la caña, el narcotráfico o la palma (en otras regiones).
Esta liberación lucha contra la sobreexplotación y deterioro del territorio, y esto no incluye únicamente los monocultivos, sino también la minería, el petróleo, las represas hidroeléctricas…etc. Es decir, los macroproyectos que ponen en peligro a la Madre Tierra, pero también a los pueblos que habitan la región desde hace generaciones.
Estos son algunos de los objetivos que tratan de conseguir municipios como Corinto, López Adentro o Caloto en el marco de ese proceso de Liberación de la Madre Tierra.
I – Hablando de la especial forma que tiene el pueblo Nasa de reclamar la tierra, ¿por qué se lleva a cabo de esa forma? ¿Ha habido avances?
A – A – Bueno, gracias a esta forma de reclamar el territorio los logros han sido importantes. A raíz de la recuperación y la Liberación de la Madre Tierra se ha logrado aumentar el territorio a pesar de las agresiones y los incontables impedimentos que se han opuesto al movimiento. Si no hubiese sido así (ocupación de las tierras por la vía de hecho), el Gobierno nunca hubiese cumplido con la ampliación que tantas veces ha prometido ni los propietarios de fincas hubiesen cedido en su empeño de mantener el monocultivo. Los mayores avances se han conseguido a través de esta vía, la de la recuperación y liberación de tierras, a pesar de que también hay procesos legales abiertos para ampliar el territorio Nasa.
En algunas recuperaciones, como por ejemplo, en las Mercedes (Caldono), se recuperaron varias fincas. Finalmente, y tras un proceso de recuperación y liberación, el dueño de la finca en ese momento cedió y le vendió a la Agencia Nacional de Tierras el territorio para esa comunidad. Así, las fincas terminaron siendo parte de la ampliación del resguardo, se termina legalizando el territorio.
Luego hay casos como Corinto, donde las fincas no son pequeñas como la que acabo de nombrar, sino que son de más de 2000Ha y pertenecen a grandes empresarios. El empresario dice: no vendo, o al Gobierno le ofrecen alguna hectárea a un precio que el Gobierno no puede o no quiere comprar.
¿Qué se hace entonces desde el proceso de Liberación de la Madre Tierra? No nos interesa la legalidad formal (la que se define por la titularidad ilegítima de estos empresarios), lo que nos interesa es la tierra, que nos pertenece de forma ancestral por Ley de Origen y por la propiedad colectiva de hace siglos. Esta propiedad ancestral del territorio del pueblo Nasa es la que justifica la legitimidad del proceso de Liberación de la Madre Tierra.
I – Vemos que efectivamente el proceso de liberación da sus frutos. Aparte de estos avances, ¿cuáles han sido los logros del CRIC y del pueblo Nasa en el Norte del Cauca?
A – Bueno, yo pienso que los logros han sido muy significativos a pesar de las grandes dificultades. Hablamos de la consolidación de los procesos organizativos, la gobernabilidad, la consolidación de la guardia indígena, los procesos de los sistemas en salud, educación… Yo creo que los logros en términos de fortalecer el plan de vida del pueblo Nasa del Norte del Cauca han sido muy importantes para resistir y permanecer en el territorio a pesar del conflicto.
I – Desde el CRIC o desde la propia ONIC se hace referencia y se insta al Gobierno a cumplir con una serie de acuerdos en relación a los derechos de los pueblos indígenas. ¿De qué acuerdos hablamos?
A – Hay multitud de acuerdos, por ejemplo para el caso del Cauca hablamos de acuerdos del CAPIC (Comité Asesor de Política Indigenista del Cauca), los acuerdos del resguardo de La María en Piendamó del 96, el Decreto 982 de 1999 y los más recientes de las movilizaciones que se han venido haciendo. Para el caso nacional, los acuerdos son del Plan Nacional de Desarrollo del primer Gobierno de Santos, que tuvieron que ver con 1.200 acuerdos en materia de educación, salud, territorio, inversión social en los territorios indígenas….etc. Pero son acuerdos que nunca cumplieron.
En el tema territorial, por ejemplo, teníamos acuerdos de las constituciones de resguardo, de ampliación, de saneamiento, de compra de territorios…etc. Igual en el Cauca que en otros territorios, todos estos acuerdos siguen en lista de espera porque nunca se cumplieron. Son acuerdos con vicio de procedimiento (podríamos decirlo así), porque el Gobierno firma para reducir o apaciguar las exigencias, pero luego no cumple.
I – ¿Qué se hace desde el CRIC o desde otras plataformas ciudadanas de defensa de derechos indígenas para el cumplimiento de estos acuerdos ignorados?
En el 2017, el CRIC hace una movilización grande denominada la “movilización de Monterilla”, centrándose en los temas del territorio, la dignidad y el cumplimiento de los acuerdos de los pueblos indígenas. Entonces, el CRIC exige al Gobierno disponer de mecanismos de apropiación de recursos, entendiendo que sin ellos seguiríamos viendo documentos firmados y acuerdos incumplidos.
Tras esa movilización se amplió el Decreto 982 de 1999 y se articuló y puso en marcha el Decreto 1811 relativo a la implementación de las políticas públicas para los pueblos indígenas del Cauca. Vuelve a tratar temas como el desarrollo de los sistemas de salud, de educación, territorio, comunicaciones o medio ambiente, aunque ahora con una línea de acción y un presupuesto. De todas formas, se firmó el Decreto pero tampoco se cumplió, porque Santos se fue sin cumplir.
I – Ha hablado en varias ocasiones del Decreto 982 de 1999 ¿Qué supone el Decreto 982 de 1999 para el pueblo Nasa o para el resto de pueblos indígenas del país?
A – El Decreto 982 ha sido una herramienta utilizada especialmente como mecanismo de exigibilidad, porque no se ha cumplido. En cada movilización se hace un acuerdo para cumplir cierta partecita del Decreto, especialmente en tierra. Por ejemplo, en cierta movilización al CRIC le compraron algunas tierras para los resguardos. Eso es parte del 982 pero se ejecuta debido a las movilizaciones, no debemos olvidar esto. Para ver cumplidas nuestras exigencias hay que movilizarse, la ley por sí sola no es suficiente. Entonces el 982 se convierte en el 1811 de 2017. Ahí está estipulada la compra de tierras, el desarrollo de los sistemas y es un punto que no se ha cumplido, que está pendiente de hablarse con el nuevo Gobierno.
I – ¿Cuál es su posición respecto al nuevo Gobierno?
A – Desde el CRIC se ha hecho un llamamiento al Gobierno para que en el mes de septiembre haga presencia en Monterilla, donde se pretende revisar cuál va a ser la propuesta para cumplir dicho Decreto. Lo mismo para el caso nacional en el marco de la mesa permanente de concertación, donde no está únicamente la ONIC sino otras organizaciones de pueblos indígenas. Se debe hacer hincapié en que no se trata de un acuerdo con un Gobierno sino un acuerdo de Estado que ha de seguir adelante independientemente de quien ostente el poder.
I – ¿Y si no hay avances?
A – Nosotros iremos hasta ahí (Monterilla) y si no cumplen con su parte estaríamos confirmando la regresividad que se está dando en los procesos legislativos, y esto tiende a agudizar la situación precaria de los pueblos indígenas y sus derechos. De observar el incumplimiento de la hoja de ruta, del diálogo pasaríamos a iniciar movilizaciones para instar al cumplimiento de los compromisos, lo que parece bastante probable.
I – Volviendo al tema de la violencia que sufre el la comunidad Nasa en el Norte del Cauca, hemos observado que las amenazas contra este pueblo suceden a todos los niveles y que siguen una tendencia ascendente. ¿Son reales estas amenazas?
A – Las amenazas se han incrementado. Además, muchas de estas amenazas han sido materializadas, no únicamente en el Cauca sino también en otras zonas como Nariño. En los últimos diez días han asesinado al compañero Emiliano Trochez en Santander y al hermano Nasa Alberto Niscue en Tumaco. Esto significa que en los tiempos de hoy, en el contexto del post-acuerdo, no nos encontramos con amenazas únicamente, sino que se convierten en asesinatos de hermanos.
I – Según comprobamos en las estadísticas, los asesinatos y amenazas al pueblo Nasa suelen quedar impunes. ¿Qué opinión le merece esto?
A – Respecto a los casos de asesinatos y amenazas, hemos hecho una exigencia a la Fiscalía General de la Nación para que muestren resultados de las investigaciones. Lo cierto es que la Fiscalía dice tener un 80% de avance sobre las investigaciones, pero solamente sobre los autores materiales de algunos casos, mas no avanza en ninguno de los autores intelectuales. Además, las informaciones no se hacen públicas, por lo que en lo que respecta a nosotros siguen sin avanzar.
Solamente investigando los autores intelectuales de los asesinatos podremos llegar a la justicia y la verdad. Tal como están las cosas, no hay ni justicia, ni verdad ni forma de evitar la repetición. Por ejemplo, aquí tenemos una denuncia de 18 amenazas desde el 2008 hasta el año pasado. De estas 18 amenazas, la Fiscalía no ha dado con un único responsable. Lo único que nos llega son las notificaciones del archivo de estos casos. Todo el mundo sabe que hay presencia de paramilitares, del ELN, de narcotraficantes…etc. Pero la Fiscalía no ofrece resultados.
I – Desde algunos sectores se acusa a los líderes Nasa, para justificar la violencia que sufren, de alborotadores, de guerrilleros…etc. ¿Es esto cierto? ¿Quién es responsable de estos desagravios?
A – Bueno, yo diría que la violencia contra el pueblo Nasa es milenaria. Siempre se nos ha catalogado como los guerreros salvajes y sin alma. Esta estrategia de criminalización no afecta únicamente al pueblo Nasa, sino también al CRIC como organización histórica del pueblo indígena, tratando de desestabilizar y romper la unidad de principios que tiene la organización.
Por ejemplo, en los años 80 se crea el CRAC (Consejo Regional Indígena Agrario), creado por los empresarios para romper el CRIC. Luego aparecen otros fenómenos como la OPIC en el 2008 (Organización de Pueblos Indígenas de Colombia), creada por el Gobierno con algunos indígenas para hablar en contra del CRIC. Como les digo, el pueblo Nasa ha sido objeto de persecuciones de muchas formas y desde muchos frentes, y este Gobierno que entra no va a ser la excepción.
Un ejemplo reciente es el conflicto sucedido entre dos comunidades pequeñas Misak y Nasa. Si usted ve los comunicados de los Misak, en ellos no llaman al diálogo, sino que lo que realizan es un señalamiento sistemático contra el pueblo Nasa y el CRIC, haciendo una generalización de los más de 200.000 hermanos Nasa o los 300.000 miembros del CRIC. Lo que vemos es que alrededor de este conflicto, lógicamente hay una persecución de Estado, porque ese conflicto territorial entre Misak y Nasa fue creado por el mismo Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras. Otro ejemplo de esta estigmatización del pueblo Nasa es la marcha esta misma semana de los indígenas de la OPIC en contra del CRIC.
Yo diría que la criminalización contra el pueblo Nasa es una situación bastante compleja donde no cesan la persecución y la agresión contra la comunidad y contra el CRIC.
I – Hemos hablado de la criminalización desde algunas organizaciones sociales o desde el propio Gobierno. Sin embargo, la prensa generalista no es especialmente indulgente con el pueblo Nasa o con las luchas indígenas. ¿Hay una criminalización por parte de los medios de comunicación generalistas respecto a la protesta social y, en concreto, respecto a las reivindicaciones indígenas?
A – Los medios juegan un papel importante para confundir a la opinión pública, para llevar un mal mensaje y para agudizar el problema entre las comunidades indígenas. Por ejemplo, especialmente en el Cauca, encontramos a Radio Súper, nuestro “gran amigo” en la región. Ellos, entre otras estrategias, son los que llaman a las personalidades más contradictorias del CRIC para representar al pueblo indígena, lo que perjudica a la imagen que la opinión pública tiene del pueblo Nasa.
Tras maniobras como estas encontramos a políticos, empresarios y demás actores contrarios a nuestra causa. Aparte de casos concretos como éste, encontramos los medios de comunicación masivos como Caracol o RCN, que retransmiten lo que conviene al Gobierno o a los actores en contra de reivindicaciones alternativas como las de los pueblos indígenas.
Sin embargo, no todos los medios juegan en nuestra contra, aunque sí una gran mayoría. Hemos de hablar de los medios de comunicación comunitarios, que juegan un papel importante para las causas indígenas. Estos medios ayudan a visibilizar lo que no visibilizan otros medios, y para nosotros ha sido un mecanismo también de empezar a contrarrestar lo que los otros medios masivos hacen en contra de los pueblos indígenas.
I – Pasamos ahora de la represión en los medios de comunicación a la represión desde una óptica militar de las protestas sociales. ¿Se responde militarmente a la protesta social en Colombia?
A – Yo creo que un tema de los acuerdos de paz era precisamente el “no” a la criminalización de la protesta social, pero cuando las FARC dejan las armas sucede algo que hay que remarcar y denunciar.
Durante la época armada de las FARC, cualquier indio o miembro de una movilización era tachado de pertenecer a ellas. Al desarmarse, esperábamos al protestar se nos considerara como civiles reivindicando una serie de derechos, pero no fue esto lo que sucedió. Ahora ya no se asocia la protesta al patrocinio de las FARC, pero se nos asocia con el ELN o con cualquier otro movimiento armado.
Siempre va a haber un sello, aunque yo creo que este sello se nos ha puesto (o impuesto) para que en el marco de esa intervención de la fuerza pública se nos pueda tratar como terroristas y así poder disparar. La persecución hacia el pueblo Nasa y otros pueblos indígenas ha sido la forma que Estado y actores afines a él han tenido de eliminar un movimiento que dificulta y cuestiona el sistema actual en el que ellos ostentan todo el poder. Ellos hacen una interpretación restrictiva de lo que consideran “Estado”, y la forma que tienen de abordar el “problema” indígena es la que hemos podido comprobar: matando, agrediendo, amenazando y desplazando.
I – Hemos abordado la violencia y la represión por parte del Estado, pero hay otro tipo de violencia que preocupa igual o más: el sicariato. ¿Qué ocurre con los líderes indígenas asesinados por sicarios? ¿Cómo se ataja un problema como éste, en el que el enemigo es invisible y los casos no se resuelven?
A – Yo diría que el responsable, aunque de forma indirecta, sigue siendo el Gobierno colombiano a través de esas políticas de despojo que se siguen llevando a cabo desde hace muchos años. Es a raíz de este despojo de tierra y de las diferentes luchas que surgen a partir de él que aparecen los asesinatos y el sicariato.
Ahora bien, ¿quiénes están detrás de esos sicariatos? Pues lógicamente hoy podría uno decir que han surgido muchos grupos: las Águilas Negras, Rastrojos, Urabeños, los Bananeros…etc. Surgieron muchos grupos que se tacha de paramilitares y de criminales, pero no debemos olvidar que están al servicio del sector privado, no actúan por su propia cuenta. A muchos de esos grupos se les paga para dar muerte selectiva (como en el caso de los pueblos indígenas de la región), mientras que desde el Gobierno se aprovecha lo incierto u opaco de estas muertes para no encontrar a los culpables.
Un ejemplo del nulo interés por encontrar culpables lo encontramos en las declaraciones del Ministro de Defensa, quien dijo que a los líderes los matan por líos de faldas, por problemas callejeros, por robar…etc. Pero no debemos confundirnos, esto en la práctica es una estrategia diseñada para asesinar a aquellos que nos resistimos a un modelo que consideramos injusto e ilegítimo.
Los responsables de las muertes no son únicamente los sicarios, ellos simplemente cumplen un encargo. Hay que hablar de quién hay detrás: las multinacionales, el Gobierno, la globalización, el sector capitalista, políticos…etc. Son esos responsables los que la Fiscalía no ha investigado y no va a investigar, pues sabe que no le conviene.
I – Estamos hablando de responsabilizar directamente a ciertos actores de manera concreta. ¿Quiere que incluyamos esa respuesta tal cual?
A – Sí, claro, eso todo el mundo lo sabe (ríe). Nosotros tenemos la lápida hace rato, no se preocupe por eso.
I – Para terminar con la entrevista, ¿cuáles son sus exigencias o recomendaciones al Estado?
A – Lo que pasa es que a ellos ya se les han dado muchas recomendaciones. Uno, que cumplan la Constitución política. Segundo, que se fortalezca el sistema de coordinación entre la jurisdicción especial indígena y la jurisdicción ordinaria, porque nosotros tenemos nuestra propia jurisdicción que es constitucional, pero sin coordinación no puede haber justicia. Tercero, es necesario que empiece a haber resultados eficaces sobre las investigaciones, tanto en el marco nacional como internacional, y que sean públicas. Y es que a pesar de los supuestos esfuerzos seguimos sin obtener resultados sobre quiénes son los autores materiales e intelectuales de los asesinatos, desplazamientos, confinamientos y todos los hechos victimizantes que sufrimos los pueblos indígenas.
Mientras no tengamos esto, no tendremos justicia. Ojalá de verdad que estas recomendaciones se cumplan y podamos tener paz y justicia.