no importa que un médico conozca de las dolencias de los guerrilleros y voluntariamente les brinde atención, e incluso, no importa que reciba remuneración por ello: es lícito. Y no solo porque el derecho colombiano así lo tenga establecido, sino porque el compromiso humanístico de su profesión se lo obliga, porque la ética prima sobre los intereses de cualquiera de los bandos combatientes y porque la dignidad humana está por delante de consideraciones tácticas político-militares del gobierno, los fiscales o los comandantes guerrilleros.

EL PODER CONTRA LA MISION MEDICA

El derecho puede ser el orden, la racionalidad para la buena vida, para la convivencia y la realización de los ideales de justicia, a partir de unos principios extractados de las realidades radicales del ser humano y de las necesidades sociales que se imponen históricamente. O puede ser también el instrumento por excelencia que domina y legitima ese dominio a favor de quienes lo controlan; puede el discurso autorreferencial del la explotación cínica del ser humano a nombre de la justicia, que oculta sin vergüenza los intereses de unas pocas minorías; puede ser un arma, así como una pistola o una bomba nuclear, que amenaza como la espada de Damocles sobre la cabeza de los seres humanos.

Dejémonos de Joseobduliadas: Colombia está en guerra, pero es una guerra particular, es una guerra dividida en pequeñas guerritas marginales ubicada en las zonas de frontera agrícola y frontera de miseria, y que las concentraciones del país poco la viven, o apenas si acaso sienten algunas veces sus coletazos. Pero también es un país con un terrible conflicto social producto de la miseria y de la injusticia social, que se reproduce al ritmo de la reproducción de la corrupción y del desempleo, al ritmo de la manguala entre viejos y nuevos ricos que han construido sus riquezas sobre la base de la expropiación, la raponería y el crimen, y al ritmo de la expansión de un derecho de clase, que explota y que no provee justicia.

Esto explica la barbaridad cometida contra el médico Luís Alfredo Moreno por parte de la Fiscalía General de la Nación; un médico ortopedista acusado de cometer el delito de rebelión en el año 2003 por haber atendido a guerrilleros heridos producto de combates contra el ejercito en el departamento del Meta. Los argumentos a favor de la acusación que se pueden leer el los artículos de prensa hablan del “deber ciudadano” y de la primacía del interés común, ideas manipuladas cínicamente en este caso.

Me explico: supongamos que es cierto que el médico Moreno algún día del año 2003 conoció de los guerrilleros heridos. Que fue invitado a curarlos, que conoció al comandante Jorge Briceño, que le dio la mano, y que después del tratamiento a los guerrilleros, le pagaron el servicio. Pues bien, esta es la versión que una ex guerrillera desmovilizada le dio a la Fiscalía, y sobre la base de la cual fue ordenada la captura y la medida de aseguramiento en contra del médico, y sobre la cual se basa el proceso penal que, como va, puede terminar en condena en contra del galeno. La respuesta, acorde con aquellas grandes conquistas garantistas que poseemos los colombianos en nuestro ordenamiento jurídico, es simple: ¿y qué?

Se supone que, por disposición constitucional, el Estado se funda en la solidaridad y en el respeto de la dignidad humana, y en concordancia con el derecho fundamental a la igualdad. Todo Colombiano tiene derecho a recibir el mismo trato por parte de las autoridades y de sus conciudadanos, sobretodo, en situaciones de debilidad manifiesta, como por ejemplo a los enfermos o heridos; incluso, cierta la falta de solidaridad se estableció como delito por los artículos 131 y 152 del Código Penal. La ley 23 de 1981 estableció el código de ética médica y deja en claro que el ejercicio de la profesión tiene “implicaciones humanísticas que le son inherentes”. Por otra parte, la ley 171 de 1994 ratificó la aplicación del Protocolo II de Ginebra, que establece normas de Derecho Internacional Humanitario (DIH) para casos de conflicto armado interno, donde se protege a la misión médica, prohibiendo agresiones contra esta y la obstaculización de sus funciones por cualquiera de los actores combatientes. A los heridos en combate, sean soldados o guerrilleros, se los considera personas protegidas por el DIH, siempre que su condición les impida seguir desarrollando acciones de guerra; obstaculizar la misión médica y la atención humanitaria es delito, descrito por el artículo 153 del código penal. Y se pueden citar muchas normas más que constituyen un marco legal de protección al médico a y al combatiente herido.

La cuestión es la siguiente: no importa que un médico conozca de las dolencias de los guerrilleros y voluntariamente les brinde atención, e incluso, no importa que reciba remuneración por ello: es lícito. Y no solo porque el derecho colombiano así lo tenga establecido, sino porque el compromiso humanístico de su profesión se lo obliga, porque la ética prima sobre los intereses de cualquiera de los bandos combatientes y porque la dignidad humana está por delante de consideraciones tácticas político-militares del gobierno, los fiscales o los comandantes guerrilleros. Pero estas consideraciones racionales parecieran no importarle a algunos operadores de la ley: la justicia muere pisoteada por un derecho instrumentalizado para combatir al enemigo, pasando por encima de las garantías mínimas de la humanidad: hoy son los médicos, mañana serán los abogados, ingenieros, comerciantes, amas de casa y estudiantes de primaria, cuando estos no acudan a rendir tributo a los dictados del poderoso.

El médico Moreno ya completa más de un año privado de su libertad, acusado de cometer una conducta delictiva que, desde un análisis estricto y serio, definitivamente no cometió. Pero la Fiscalía considera otra cosa, y esto porque, en esta guerra sin límites, ha traspasado una barrera ética que se consideraba infranqueable: atacar al enemigo cortándole la atención médica, en flagrante violación del DIH y de la legislación nacional, como ya está dicho. Es bárbaro, no solo por la despreciable pretensión de involucrar a toda la población en la confrontación armada directa, sino también porque esta prohibición indirecta de brindar atención médica a los guerrilleros, con el fin de que estos se sigan garantizando su provisión sanitaria, conduciría hacia el incremento de secuestros contra profesionales de la salud, y, finalmente, porque negar el derecho a la atención médica de cualquier persona es inmoral desde todo punto de vista, y destruir moralmente a los médicos que los hicieron es aún más infame.

La infame persecución penal contra el medico Moreno lo tiene haciendo algo que no tiene por que hacer: pidiéndole perdón a la sociedad. Este conspicuo doctor no ha cometido falta alguna, y ni la sociedad ni el Estado colombiano tenemos nada que disculpar; sus actuaciones fueron correctas y acordes con la ética profesional que juró obedecer cuando obtuvo su título; al contrario, es deber defenderlo a él y a la profesión médica de los abusos del poder.

Publicado originalmente en:
El Rotativo de Jamundí, Edición abril
(Corregido)