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COMUNIDADES INDÍGENAS DEL CAUCA Y LA LUCHA POR LA TIERRA

Mar 28, 2019 Henry Caballero Fula

Henry Caballero Fula [1]

Las comunidades indígenas del departamento del Cauca han ejercido durante décadas la exigibilidad de la reforma agraria, quedando por momentos, en cuanto a lucha directa, solitarias en el país. Por ello no es gratuito, que adportas de la aprobación a pupitrazo del proyecto de ley de desarrollo rural, el Gobierno Nacional haya atacado militarmente, como si se tratara de insurgencia, la movilización denominada “Por la Liberación de la Madre Tierra”, ya que éste es el único movimiento social, con capacidad para denunciar, concitar solidaridad, e impedir que dicha aprobación se dé.

El ataque contra las comunidades indígenas, también se ha dado en el campo ideológico y de la opinión pública. Para ello, se han venido haciendo señalamientos que pretenden restar legitimidad a las luchas indígenas. En el caso concreto de la lucha por la tierra, se la pretende deslegitimar desde paradigmas modernizantes, referentes al progreso, la productividad y a la igualdad.

En este artículo no se pretende dar una respuesta desde lo indígena, ya que para ello se necesita que cada comunidad o etnia, desde su registro mítico, haciendo uso del reconocimiento de la diversidad consagrado en la Constitución colombiana, devele qué la mirada occidental no es la única posible, y qué la tradición primordial tiene todo el derecho a continuar ordenando la vida y el territorio.

Acá, solamente se busca resaltar una lucha que ha revitalizado a los sectores sociales en nuestro país y mostrar que los argumentos modernizantes que se dan el Cauca no son más que recurso ideológico de los sectores dominantes, ya que ellos mismos no muestran ningún avance en dicho sentido. En última se reclama, qué si dichos sectores que están interesados en la modernidad, miren su propio ombligo.

La propiedad de la tierra

Desde hace algunos años los terratenientes en el Cauca vienen planteando que la producción en el Cauca se cayó por las recuperaciones de tierra que han hecho las comunidades indígenas. Según este imaginario que se ha hecho circular, los terratenientes perdieron sus mejores tierras y ahora los indígenas las tienen.

Otra de esas bolas que se echan a rodar es la de que el gobierno se compadeció de los indígenas, o se dejó amedrentar, o lo que sea, pero en todo caso les entregó tierras, mientras qué, se olvidó de campesinos y afrocolombianos. Por eso, el actual Gobernador del Cauca se hace sentir con la argumentación necesaria para proclamar un conflicto interétnico en el Departamento.

La verdad es que el mapa de distribución de tierra en el Cauca no ha cambiado estructuralmente desde que se inició el proceso de reforma agraria en el país. Sigue existiendo una distribución inequitativa, con alto grado de concentración. Lo que han logrado las comunidades indígenas con sus fuertes luchas,  ha sido qué, el proceso de despojo que se venía haciendo de sus tierras, se detenga. También se ha logrado ampliar en extensión, pero en cifras que no resuelven la necesidad al respecto.

Seguramente la cifra de tierras por reforma agraria entregada a comunidades campesinas caucanas, proporcionalmente a su población, es menor comparada con la lograda por las comunidades indígenas, aunque en las décadas del 70 y el 80 se dieron importantes movilizaciones de la ANUC. Igualmente ha habido titulación de predios de la Costa Pacífica caucana para comunidades afrocolombianas, pero estas cifras no son comparables ya que los usos son distintos que en la zona Andina. En todo caso, es completamente malintencionado hacer señalamientos respecto a quien se le ha dado más, o menos, porque, lo único cierto es que no ha habido voluntad política del Estado colombiano para hacer cambios en la tenencia de la tierra. Poner a pelear a los sectores populares rurales entre ellos, es propio de quienes siempre han gobernado siguiendo la máxima: “divide y reinaras”.  Afortunadamente la unidad social en el Cauca avanza  a grandes pasos, y el conflicto interétnico no existe más que en el deseo y la imaginación de quienes quieren lucrarse de él.

Lo cierto es que, sin contar la tierra de los resguardos, las propiedades registradas en catastro en el Cauca presentan las siguientes características agregadas:

  • la mitad de la superficie esta en terrenos mayores de cincuenta hectáreas, y se encuentra en manos del 3% de los propietarios. (Luego; el 97% de los propietarios poseen la otra mitad, en terrenos menores de cincuenta hectáreas).
  • En los extremos: el 35% de la superficie está compuesta por terrenos mayores de 100 hectáreas que se encuentran en manos del 1% de los propietarios; en tanto que el 40% de los propietarios no tienen más de una hectárea, ocupando en total 2% de la superficie.

Para mostrar su preocupación por el grado de concentración de la tierra en el Cauca, el Gobernador Juan José Chaux señaló que, si hay que hablar de terratenientes, ello lo son los indígenas, ya que aparecen registrados en catastro como grandes propietarios. Lo que oculta esta aseveración es que se refiere a los resguardos, en cada uno de los cuales hay en la mayoría de los casos más de mil familias con adjudicaciones, muchas de ellas con menos de 3 hectáreas.

En catastro aparecen registrados los resguardos indígenas como grandes propiedades ya que la propiedad es comunal y se registra la comunidad como un solo propietario. El catastro no da cuenta de la distribución al interior del resguardo, ya que además cada comunero recibe la tierra en usufructo por el cabildo; la propiedad no le es transferida pues continúa siendo comunal. Sin embargo esa no propiedad, los únicos “derechos” que no le da al indígena, comparado con los de un campesino es a vender, hipotecar o arrendar dicha tierra. De hecho toda la tierra comunal tiene esa misma característica, nadie puede venderla o hipotecarla, ya que su propiedad comunal es imprescriptible (En medio del conflicto es también un buen seguro contra quienes desplazan las comunidades para quitarles sus tierras; los campesinos han exigido una figura similar con las zonas de reserva campesina, pero los sectores dominantes se han opuesto a ello).

 

En general se han expresado argumentos modernizantes contra la propiedad comunal de la tierra. Según ellos, todo debe convertirse en mercancía, cambiar de manos,  moverse por las leyes de la oferta y la demanda, estar a disposición del inversionista. Pero, en esa modernidad donde quedan los campesinos,  donde quedan los indígenas y los afrocolombianos?

En el Cauca, los sectores políticos tradicionales han logrado que algunos municipios como Piendamó y Caldono aprueben dentro de su Plan de OrdenamientoTerritorial qué no se podrá comprar tierras para indígenas. El gobierno nacional actual pretendió que esta perla, quedara  integrada en el proyecto de ley 30 de desarrollo rural, aunque en el debate tuvo que ser retirada.

Pero…¿dónde está la movilidad de las tierras qué supuestamente sí se encuentran a disposición del mercado? Está en manos de una clase terrateniente que tradicionalmente ha tenido la tierra como un factor de status, qué, si acaso la ve como una posibilidad económica, la tiene engordando, esperando tiempos en que pueda lucrarse de valorizaciones gratuitas por inversiones del Estado, en tanto la explota con ganadería extensiva. Lo cierto es que la baja movilidad de la tierra, y por consiguiente los altos costos de arrendamiento de aquella que se pone a disposición de la producción, hace que los analistas de las ventajas comparativas en mercados como el TLC, señalen que uno de los costos por los cuales el sector agropecuario no sería competitivo, es el de la renta de la tierra, la cual es muy superior a la de otros países.

Uno de los argumentos con los que precisamente se justificó la reforma agraria en nuestro país, fue el de incorporar a la producción nacional todas esas tierras improductivas en manos de terratenientes, ya fuera por la vía de la expropiación, de la venta, o de obligar al propietario a ponerlas a producir ante la amenaza de dicha reforma. No nos pueden salir ahora, con qué, cómo no se pudo, ni se intentó hacer la reforma agraria, ni lograr que estas grandes extensiones de tierras se incorporaran a la producción, ahora hay que caerles a las pocas que han logrado conservar los campesinos y los indígenas. Tampoco pueden salir con que las comunidades se olviden de la reforma agraria y declaren una especie de statu quo.

Producción y productividad

Se bajó la producción con las recuperaciones de tierra, dicen los grandes propietarios, aunque no muestran cifras globales; si acaso muestran las de alguna finca específica. En todo caso, señalan como un argumento irrefutable que las tierras de los indígenas no están produciendo. También señalan que estas tierras en manos de ellos sí producirían, y esto también lo consideran irrefutable.

Un buen ejercicio sería comparar, la producción de las más de 300.000 has. hectáreas, en manos de 2.000 grandes propietarios, con a) la producción de 65.000 familias indígenas, que usufructúan unas tierras productivas de 174.375 hectáreas y, b) la producción de 173.000 propietarios campesinos de predios menores de 10 hectáreas, que suman una superficie de 284.000 hectáreas; cifras globales de superficie, parecidas entre sí, pero que tal vez nos arrojen cifras muy diferentes de producción. En todo caso, no hay ningún indicio que permita afirmar que la producción será mayor en los predios de los 2.000 grandes propietarios.

Antes bien, existen argumentos para asegurar que el saldo positivo está a favor de los pequeños propietarios indígenas y campesinos:

  • De entrada podemos ver, que más de 65.000 familias indígenas y de 173.000 familias campesinas, derivan su sustento de estas superficies de tierras. No importa si lo que producen entra o no en los cálculos del Producto Interno Bruto (PIB), que se basan únicamente en lo que pasa por el mercado, lo cierto es que estamos hablando de la satisfacción de necesidades de casi el 50% de la población caucana.
  • Las únicas cifras fijas de entrada para grandes propiedades son las de dos mil familias. Lógicamente a ello se deben agregar la de los administradores y trabajadores pero su cifra no la conocemos. Es seguro que en los ingenios azucareros esta cifra sea mediana. Sin embargo en el resto de actividades, en las que seguramente prima la ganadería extensiva y la explotación maderera, la contribución del trabajo será muy poca. En esta clase de economía, la racionalidad no la da el número de personas que puedan vivir de ella, sino la rentabilidad y producción de valor. En todo caso, si logramos pasar a una misma unidad lo que producen para su sustento, y aún también para el mercadeo, las producciones minifundistas familiares, campesinas e indígenas, su cifra será muy superior a la de los grandes propietarios.
  • No se propone de entrada, la comparación con las propiedades entre 10 y 50 has, ya que no están siendo cuestionadas por los campesinos minifundistas e indígenas. Sin embargo, en un momento dado, estas comparaciones serán importantes en términos de analizar técnicas productivas que se estén utilizando, y tamaño ideal de la unidad agrícola familiar. En este rango se encuentran 25.000 familias, en 396.000 hectáreas.
  • En el tema del crecimiento sostenido y sostenible, que son nuevas categorías que últimamente la modernidad ha agregado, tampoco se puede decir que los apóstoles de la modernización en el Cauca, sean un dechado de virtud o de ejemplo.

Se dice del crecimiento sostenido que es aquel que, a una tasa suficiente y sostenida, permite mejorar las condiciones de vida de la población. De series de producción que nos permitan ver las tasas de crecimiento en el Cauca, muy poco; y de mejoras en las condiciones de vida de la población, no hay señas de ningún  empresario/propietario que se interese en ello o al que se le haya pasado por la cabeza que esto entra en la llamada racionalidad del capitalista, ya que se lo atribuye como responsabilidad a la mano invisible del mercado.

Del crecimiento sostenible se dice que es aquel que permite que las generaciones venideras puedan disfrutar de los mismos recursos medioambientales que las generaciones presentes. Es claro que la ganadería extensiva deteriora el ambiente; por otro lado las propuestas productivas que pretenden ser opción en las grandes propiedades como las de la caña de azúcar y la explotación forestal, no tienen el más mínimo componente de conservación ambiental. La pequeña producción por el contrario, se ha basado en la diversificación y la reducción del uso de agroquímicos, es, más cercana a la conservación de los recursos naturales. Incluso hay comunidades indígenas, para las cuales la conservación es un fin independiente de la producción; aunque, en otras, la necesidad de tierra está originando un conflicto de usos, que hasta el momento no tiene una clara solución.

Diversidad y diferencia

El plan de desarrollo del Cauca se denomina “por el derecho a la diferencia”; sin embargo no ha tenido aplicación práctica en el sentido que señala su nombre. El gobernador del Departamento convirtió su gobernabilidad en quiebre e incumplimiento de  este plan cuando señaló que los indígenas debían aclarar a los caucanos, si quieren o no quieren  vivir en el Cauca (!!). Ya se ha señalado más arriba, la actitud de algunas administraciones municipales y sectores políticos, que pretenden, en una versión provinciana del apartheid, que los indígenas no puedan tener tierras diferentes a las que ya tienen.

La actitud “liberal” del gobernador Chaux se puede leer en los siguientes términos: para la aristocracia caucana los indígenas siempre habían sido inferiores, menores de edad, ahora en un gesto de modernidad los van a reconocer  en su diferencia. En esta forma de pensar, ese reconocimiento en la diferencia es como permitir entrar a la casa a alguien que no es de la familia y tratarlo como si lo fuera, exigiéndole como contrapartida que adopte las reglas de la casa. El reconocimiento en la diferencia de Chaux hacia los indígenas consiste en ya no verlos, en su diferencia, como inferiores sino como “iguales”. La aristocracia caucana lo único que está haciendo es ponerse a tono con la finada Constitución de 1.886, en la que las reglas las pusieron los que se abrogaron la propiedad de esa casa que llamaron Nación.

Pero el derecho a la diferencia, el reconocimiento de la diversidad, es completamente distinto del derecho de igualdad, aunque convergente. La igualdad lo es, ante la ley y ante el Estado para cada persona humana, en el sentido de tener los mismos derechos y oportunidades para el desarrollo de su personalidad; pero la igualdad formal olvida que dicho desarrollo no es uno solo, sino que está marcado acorde con cada cultura. Por ello, el derecho a la diferencia, el reconocimiento de la diversidad, va más allá de cada individuo, viene desde la comunidad, desde lo étnico, y por tanto debe partir del reconocimiento de ésta.

La exigencia a los indígenas, afrocolombianos y campesinos, para que asuman los valores y la forma de mirar la vida de los sectores dominantes en el Cauca, es una manera práctica de eliminar el reconocimiento de lo multiétnico y pluricultural, en uno de los departamentos con más diversidad en nuestro país. Es otra manera de desconocimiento desde la región a la Constitución de 1991, para luego convertirlo en contrarreforma a nivel nacional.

La lucha indígena por la tierra

El CRIC se conformó en el año 1971 retomando procesos organizativos del movimiento campesino, y propios como el de Quintín Lame en la segunda y tercera década del siglo XX.  “Antes de la conformación del CRIC, muchas comunidades indígenas habían perdido sus tierras a manos de los terratenientes, que las convirtieron en haciendas y obligaron a sus anteriores dueños a pagar, por el derecho a vivir en ellas, un impuesto en trabajo o en especie, conocido como el terraje… La escasez de tierras obligó a muchas familias a desplazarse a otras regiones, convirtiéndose en jornaleros. Los cabildos administraban las pocas tierras que les quedaban a los resguardos, pero a causa de los desplazamientos de los comuneros y la influencia de los partidos políticos tradicionales y la Iglesia, eran instituciones sumamente débiles con poca capacidad de resistir la política del gobierno, que insistía en la extinción de los resguardos” [2] .

“En la Asamblea del 24 de febrero de 1971 que crearía el CRIC y en los procesos relacionados participaron no solo comunidades indígenas, sino organizaciones campesinas, activistas sociales y corrientes progresistas de la Iglesia. Establecieron un Programa que retomo muchas de las reivindicaciones de Quintín Lame:

  1. Recuperar las tierras de los Resguardos.
  2. Ampliar los Resguardos.
  3. Fortalecer los cabildos indígenas.
  4. No pagar el terraje.
  5. Hacer conocer las leyes sobre indígenas y exigir su justa aplicación.
  6. Defender la historia, la lengua y las costumbres indígenas.
  7. Formar profesores bilingües para educar de acuerdo con la situación de los indígenas y en sus respectivas lenguas.

Posteriormente se complementó el programa de lucha con dos puntos más, derivados de los procesos de recuperación de tierras:

  1. Impulsar las organizaciones económicas comunitarias.
  2. Defender los recursos naturales y proteger el medio ambiente. [3]

La lucha impulsada con el nacimiento del CRIC inicio los procesos de recuperación de tierra. Antes, en las luchas con la ANUC, se decía “invasiones”; el término “recuperaciones de tierra” en la lógica del movimiento indígena se refiere a volver a un territorio que le fue arrebatado en la era de la colonia y de la república y actualmente, por las diferentes violencias ejercidas. Este término, sin embargo también es aplicable como recuperación de un derecho humano, vital para las comunidades rurales como lo es el derecho a la tierra.

Al inicio de este proceso del CRIC, el Incora no entrego las tierras recuperadas a los resguardos sino a las empresas comunitarias constituidas entre los comuneros indígenas que recuperaban tierra, en las mismas condiciones legales y de propiedad que se hacía con las empresas comunitarias campesinas. En la década del 70 y hasta 1982 se entregaron 74.757 hectáreas a 47 empresas comunitarias indígenas.

La lucha por la tierra asume la reivindicación territorial y plantea que las tierras deben ser entregadas como propiedad comunal indígena a los cabildos para que estos hagan su distribución y administración con las comunidades, acorde con los usos y costumbres. Así hasta 1992 se habían entregado a los cabildos indígenas 44.934 hectáreas.

El decir “entrega de tierra” no quiere señalar una voluntad política desde el Estado en este sentido. La recuperación de tierras y la lucha organizativa del CRIC se dio en medio de violencia ejercida contra las comunidades y que a 1991 sumaba un total de 321 muertos como triste y monstruoso indicador. En medio de esta oleada de guerra contra las comunidades, se vio también la organización de  un grupo de defensa de las mismas, el grupo armado Quintín Lame que se desmovilizo en 1.991, como muestra del pacto de paz asumido con la Constituyente, y dentro del compromiso de construir una Nación multiétnica y pluricultural, dentro de los marcos, procedimientos e Institucionalidad definidos en esa Nueva Constitución que el movimiento indígena firmó.

Sin embargo, ya a finales de 1991 se vio que la Nueva Constitución  no era carta para todos y que su aplicación iba a tener fuertes oposiciones; en diciembre se presenta la masacre en la hacienda del Nilo, sobre una comunidad que se encontraba en proceso de recuperación de esta finca, en el municipio de Caloto; como actores de la misma participaron narcotraficantes con apoyo de integrantes de la Policía de este municipio; son asesinadas 20 personas, adultos y niños, hombres y mujeres.

Ante el repudio nacional por este acontecimiento, el gobierno nacional  suscribe un acuerdo con el CRIC, para la entrega de 15.663 hectáreas  para los indígenas Nasa del Norte del Cauca, específicamente de las siguientes comunidades: Huellas, La Concepción, Munchique, Canoas, La Concepción, Jambaló, Tacueyó, Concepción, Las Delicias, Corinto-López Adentro, La Paila, Guadalito y La Cilia.  Las tierras debían ser entregadas en los años 1.992, 1.993 y 1.994. Sin embargo en estos años solo se habían entregado 5.927 hectáreas; por lo que la Comisión Interamericana  que había aceptado el caso, promueve una conciliación y expide una resolución en la que el Estado colombiano ratifica y asume ante la comunidad internacional este compromiso de tierras. No obstante al año 2.005 solamente se habían entregado 9.043 hectáreas, quedando pendientes 6.615 hectáreas para dar por cumplido dicho compromiso.  Las comunidades han tenido claro que la entrega de estas tierras no ha correspondido a una voluntad de reforma agraria sino a una reparación como víctimas de esta masacre, que a la vez se ha conciliado ante la comunidad internacional.

Es importante tener en cuenta que la conciliación por la masacre del Nilo, incluye a las comunidades con víctimas por esta masacre, las cuales son un pequeño número en relación con el total de las comunidades. La lucha por la reforma agraria ha continuado en todo el Cauca, y se ha incorporado el caso del Nilo, como parte de la lucha conjunta.

Las comunidades indígenas del Cauca agrupadas en el CRIC, más de 110 comunidades, con un número mayor de 200.000 comuneros, fieles a su compromiso con la Constitución de 1.991 han buscado y generado espacios de dialogo y exigibilidad con el CRIC. En el año de 1.992 plantearon en el CAPIC (comité asesor de política indigenista del Cauca) las necesidades de tierra para todas las comunidades indígenas distribuidas por zonas, etnias, resguardos y comunidades civiles. Ante la poca eficacia de estos mecanismos y del cumplimento de los compromisos que iba asumiendo el gobierno nacional, se realizaron varias acciones de exigibilidad como las movilizaciones de Novirao (1996) y La María (1995 y 1999), que incluyeron toma de la vía Panamericana para requerir la presencia del Gobierno nacional.

Los datos entregados por el Incora en liquidación al Incoder indican que durante todo el proceso de reforma agraria se han comprado, para indígenas en el Cauca, 77.158 hectáreas. También señalan que sus estudios socioeconómicos de los resguardos y comunidades, arrojan un faltante de 218.106 hectáreas; al ritmo de compra de los 15 últimos años, esta necesidad se cubriría en 245 años; aunque como la perspectiva institucional es no seguir comprando tierras para reforma agraria, no se cuenta con un escenario donde esta necesidad sea resuelta o se avance hacia ello de manera significativa.

Los estudios del CRIC señalan lo siguiente:  

Las comunidades indígenas cuentan con el 18% de la superficie del Cauca, correspondiente a 544.901 hectáreas distribuidas en bosques, cultivo, paramos, pastos, rastrojos y tierras eriales. De lo anterior las tierras para uso productivo son 174.375 hectáreas (bosque plantado, cultivo y pastos), lo que indica un promedio de 3,5  hectáreas por familia. Este dato tiene bastante cercanía con los cálculos con base en los estudios socioeconómicos del Incora.

Lo anterior, saliendo de los fríos datos estadísticos, lleva a pensar en una gran tensión por la tierra en las comunidades indígenas, ya que es el elemento fundamental de su cosmovisión y de su economía (la Unidad Agrícola familiar para el Cauca está por encima de las 12 hectáreas). No en vano las grandes movilizaciones por la tierra. No en vano los esfuerzos del CRIC por lograr niveles de negociación e interlocución con el Estado colombiano.

Con el actual Gobierno  Nacional se han realizado también concertaciones como la plasmada en actas suscritas a finales del año 2.005, como resultado de la “Jornada de Liberación de la madre tierra”, que tuvo como eje la recuperación de las fincas La Emperatriz y el Japio. No obstante no ha habido voluntad política para que estas concertaciones tengan eficiencia y cumplimiento.

Algunos comuneros han estado presionando al CRIC para que se abandonen los espacios de interlocución y se pase a la vía de la toma masiva de tierras. No obstante la Consejería del CRIC también tiene la presión de las comunidades que han generado estos espacios de interlocución y que no están en la disposición de que se abandonen de un momento a otro. En todo caso en los sectores sociales cercanos al CRIC existe la convicción de que un movimiento que tan pacientemente ha ido forjando su lucha, logrará idear la estrategia y mecanismos para alcanzar una respuesta a esta coyuntura, pero sobre todo para lograr que la Reforma agraria siga teniendo vigencia para el pueblo colombiano.

Publicado revista semillas. No. 32-33 7 marzo de 2007.

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[1]Exsecretario de la comisión de negociación de las comunidades indígenas. C.e: hencafu@hotmail.com

[2]Texto extraído del libro “¿Qué pasaría si la escuela….? 30 años de construcción de una educación propia”. Programa de Educación Bilingüe e intercultural-CRIC.

[3] Ídem

Foto: Wilman Andrés Chicangana Bastidas