Para la Fiscalía, la multinacional realizó maniobras financieras para continuar en el país después de 2004. Incluso las empresas que heredaron sus operaciones siguieron haciendo aportes a las Auc hasta el año 2007.

 

 

 

Chiquita Brands nunca se fue del  país. Desde de los tiempos de la masacre de las bananeras (1928), con su antiguo nombre United Fruit Company, hasta la barbarie paramilitar que arrasó a sangre y fuego el Urabá, la cuestionada compañía norteamericana, que financió durante años a las autodefensas, sigue teniendo presencia en Colombia. En el año 2004, una vez descubierto su patrocinio a este grupo ilegal, supuestamente cesó sus actividades comerciales, al tiempo que enfrentó un sonado proceso en Estados Unidos donde fue condenada a pagar US$25 millones por haber financiado a las Auc.

 

No obstante, a través de una sofisticada maniobra financiera detectada por la Fiscalía, las operaciones de Chiquita Brands en Colombia fueron asumidas por dos firmas con curiosas particularidades: Invesmar S.A. y Olinsa. La primera, domiciliada en el paraíso fiscal de Islas Vírgenes Británicas, es dueña de un conglomerado empresarial cuya firma líder en el territorio nacional es Banacol S.A. Esta compañía, según el ente acusador, siguió pagando millonarios recursos entre 2004 y 2007 a las cooperativas de seguridad que eran fachada de las autodefensas. Es decir, continuó auspiciando la estela de violencia de su antecesora.

 

En esencia, cerca de $3.000 millones fueron pagados por Banacol a la convivir Papagayo y a otras que eran controladas por Raúl Emilio Hazbún, conocido en el mundo del hampa como Pedro Bonito, hoy desmovilizado y en Justicia y Paz. El mismo ex comandante en sus versiones libres ha reconocido que fue el contacto con la empresa Chiquita Brands para que por cada caja de banano se les pagaran a los paramilitares 3 centavos de dólar. Y, como cosa curiosa, Víctor Manuel Henríquez, quien aparece como miembro de la junta directiva de Banacol, reconoció ante la Fiscalía que su hermana se casó con uno de los hijos de Pedro Bonito.

 

Un experimentado analista contable de la Fiscalía, tras analizar los movimientos financieros del grupo empresarial de Banacol, estableció que “por concepto de banano” se destinaba un dinero importante a las Convivir, pagos que se habrían hecho voluntariamente tal y como ocurrió con Chiquita Brands. Así lo detalló en un informe contable conocido por El Espectador y fechado el 22 de julio de 2008.

 

La segunda empresa que está en el radar de la Fiscalía se denomina Opción Logística Integral, Olinsa, creada en abril de 2005 por Gloria Andrea Cuervo Torres, una ex empleada de confianza de Chiquita Brands. La compañía, fundada con un capital de $20 millones, pronto recibió una millonaria inyección económica de nada más y nada menos que la multinacional bananera, que le entregó $1.152 millones para compra de servidores, equipos de cómputo y comunicaciones. Lo curioso es que los intereses de ese significativo préstamo a Olinsa se fijaron a una tasa del 9% anual, mientras que el promedio del mercado se acercaba al 20% anual.

 

La Fiscalía descubrió que desde 2005 hasta 2008 Chiquita Brands le aportó US$5 millones y que el principal cliente de Olinsa era precisamente la cuestionada multinacional norteamericana. Tanto así que los ingresos generados en las operaciones anuales de Olinsa correspondían en un 98% a actividades financieras y comerciales cuyo cliente principal era el conglomerado controlado por Chiquita Brands. Por ejemplo, en 2007, por concepto de prestación de servicios, la firma Olinsa percibió $10.891 millones, de los cuales $10.763 millones fueron generados en negocios con Chiquita.

 

Esos contratos con la multinacional correspondían a servicios de exportación de calidad, de mantenimiento y reparación de contenedores, o servicios logísticos para exportar alimentos o banano. “La financiación de recursos para Olinsa es realizada por empresas del grupo Chiquita Brands, con préstamos e ingresos por los contratos realizados en el período 2005-2008 y prorrogables hasta el año 2012”, concluyó otro informe contable de la Fiscalía de marzo de este año. En dicho documento se lee que el 94% del paquete accionario de Olinsa corresponde a Gloria Andrea Cuervo Torres, la misma ex funcionaria de Chiquita.

 

“Para 2007 los activos de Olinsa totalizaban $3.457 millones”, añadió el reporte, que detalló que la firma cuenta con 90 empleados localizados en Barranquilla, Urabá, Santa Marta y Medellín. Para recaudar toda esta información, el 11 y 12 de noviembre del año pasado una comisión del CTI de la Fiscalía realizó una inspección judicial a la sede de Olinsa en la capital antioqueña. Allí se encontraron registros contables que poco a poco fueron estrechando las conexiones entre esa firma y Chiquita Brands, al punto que para hoy, al decir de la Fiscalía, son casi la misma.

 

Entonces, nunca fue cierto que Chiquita Brands hubiera abandonado sus operaciones comerciales en Colombia y que sus sucesores en el multimillonario negocio de la exportación del banano no contemplaran las mismas prácticas de la multinacional, con el agravante de que no existe certeza de quiénes son los verdaderos dueños de Invesmar S.A., porque la firma está en un paraíso fiscal. Pero no ha sido el único inconveniente de la Fiscalía en este proceso. Debido a un acuerdo de confidencialidad con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, no se tiene certeza de las identidades de los directivos de Chiquita Brands en ese país y de abundante información contable que resolvería muchos enigmas del descarado patrocinio que durante una década les prestaron a las autodefensas.

 

Por ahora, 13 colombianos que hicieron parte de las directivas de Chiquita en el país están vinculados al proceso y la mayoría ya rindió indagatoria. Entre ellos se encuentra Gloria Andrea Cuervo Torres, propietaria de la firma Olinsa. Como cosa curiosa, documentos en poder de El Espectador señalan que en la junta directiva de esa empresa aparecen dos de sus hermanos y otro de sus familiares.

 

Esta avanzada investigación, que por más de un año adelantó un fiscal delegado ante la Corte, entró en una etapa definitiva y hace pocos días fue reasignada a un fiscal de Medellín, que se apresta a definir la situación jurídica de los implicados de las firmas cuestionadas, que paradójicamente se encuentran en el vecino municipio de Envigado, y que todo apunta son enlaces en Colombia de Chiquita Brands, una empresa que ha financiado presidentes y senadores en Estados Unidos y que tiene una cuenta pendiente con las víctimas de la Auc en Urabá.

 

Los norteamericanos y las empresas aportantes

 

De acuerdo con la Fiscalía, estos son los directivos de Chiquita Brands en Estados Unidos que deberían comparecer en Colombia para aclarar los alcances de la relación entre la multinacional y las Auc en el país: Cyrus Freidheim, Charles Keiser, Roderick M. Hills, Robert Olson, Robert Kistinger, Carl H. Lindner, Keith Linder, Cyrus Freidheim Jr., Robert Fisher, Jeff Zalla, Steve Warshaw y Dorn Wenninger. Sin embargo, no se ha podido establecer con claridad de quiénes se trata, ya que varios ciudadanos de diferentes nacionalidades aparecen con nombres como esos en los registros de ingreso al país del DAS. Por eso se espera la colaboración de las autoridades norteamericanas, pese al acuerdo de confidencialidad con Chiquita. Entre tanto, el ente acusador señaló que las empresas que han hecho aportes a las Auc, vinculadas con Invesmar Limited, son: El Convite S. A., Río Cedro S. A., Centurión S. A., Agrícola El Carmen S. A., Banagrícola S. A., Agrícola El Retiro S. A. y exportadora de Banano Expoban S. A.