Desde que empezó el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc los negociadores han sido claros al señalar que el centro de gravedad son las víctimas, por eso la discusión de este tema duró un año y medio y entre sus puntos principales estaba la construcción de un modelo jurídico denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, manteniendo el deber del Estado de investigar, esclarecer, perseguir, juzgar y sancionar las violaciones de Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario que se dieron en razón el conflicto.
Aunque lo presentado sobre justicia en el punto de víctimas debe ser reglamentado. El acuerdo es claro en sus objetivos de satisfacer el derecho de las víctimas a la verdad, ofrecer verdad a la sociedad, contribuir a la reparación, entregar seguridad jurídica a quienes participaron en la mesa de negociación, para contribuir a construir una paz estable y duradera, sin impunidad.
El acuerdo con el que se creó la justicia especial para la paz gira en torno a varios principios básicos que son: centralidad de las víctimas, seguridad jurídica, condicionalidad para acceder a beneficios jurídicos, el derecho constitucional a la paz, integralidad, prevalencia por encima de la justicia ordinaria, enfoque diferencial, equidad de género, priorización y concentración de casos más graves.
Una de las grandes dudas frente a este sistema era sus competencias, sobretodo en lo referente a los delitos no amnistiables. Quedó claro que este tribunal sí se ocupará de delitos de lesa humanidad, el genocidio, los crímenes de guerra graves, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, los delitos sexuales y el reclutamiento de menores. La vigencia de este modelo se estableció para todas las conductas cometidas en razón y en el marco del conflicto antes de la firma del acuerdo final.
Queda claro que se implementará de forma simétrica y diferenciada con todos los actores del conflicto. Para las Farc la participación estará sujeta a la dejación de armas, para los agentes de estado aplicará para quienes hayan cometido delitos en marco del conflicto. Los paramilitares seguirán bajo el modelo de la ley de justicia y paz pero hay un compromiso del Gobierno de fortalecer el esclarecimiento de la verdad. También se refiere a los particulares que hayan participado de forma indirecta en la guerra y cometido delitos en razón de esta.
El acceso a amnistías e indultos se hará de conformidad con el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y solo se podrá dar por el delito político de rebelión y los delitos conexos en los que está acordado que se incluirá el narcotráfico. Como este sistema de justicia transicional se condiciona a la colaboración efectiva se crearán dos procedimientos. El primero para aporten la verdad y la reparación. El segundo, es para quienes no reconozcan sus responsabilidades y se nieguen a colaborar.
La estructura del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición estará compuesta por cinco órganos y una secretaría ejecutiva. Tendrá sala de reconocimiento de la verdad y responsabilidad y determinación de los hechos, sala de amnistía e indulto, sala de definición de situaciones jurídicas, unidad de investigación y acusaciones. También se creará el tribuna para la paz dividido en cinco secciones: la de los casos de reconocimiento de la responsabilidad, la de los casos de ausencia de reconocimiento de la verdad, la sección de apelación, la de revisión y la de estabilidad y eficacia. Otro tema claro es que aunque a mayor parte de sus magistrados serán colombianos, habrá espacio para extranjeros. La elección será reglamentada luego de firmado el acuerdo.
En todo este entramado jurídico son claves las sanciones y su proporcionalidad de acuerdo con la colaboración en la búsqueda de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Así las cosas, quienes colaboren tendrán una pena “restaurativa y reparadora del daño”, si los hechos son de extrema gravedad tendrán condenas de cinco a ocho años y dos a cinco si no son graves, con restricciones efectivas de libertad que no implican cárcel, sino mecanismos de monitoreo y supervisión. Quienes no reconozcan la responsabilidad tendrán que pagar cárcel y las condenas irán de 15 a 20 años. Se cierra por completo la puerta de la extradición y no habrá ningún tipo de restricción de participación política para quienes se acojan a este modelo.
Este es el texto completo del acuerdo
Acuerdo sobre las Victimas del Conflicto