En defensa de la paz: medidas especiales de protección a los líderes sociales
Por. Unidad Investigativa de Investigativa de Indepaz
Las dificultades actuales del proceso de paz exigen nuevas respuestas frente a las agresiones que se han venido presentando en contra de los líderes y de las comunidades en los territorios prioritarios para la implementación de los acuerdos de paz.
El aumento de asesinatos y agresiones en el primer trimestre del año 2018 ha sido advertido por diferentes organismos internacionales como consta en el último informe del Secretario General de Naciones Unidas al consejo de seguridad: “En un comunicado emitido el 20 de diciembre de 2017, el ACNUDH informó de que, a esa fecha, había verificado 73 asesinatos de líderes y lideresas sociales, 18 asesinatos de miembros de movimientos sociales y políticos, y 14 víctimas durante movilizaciones sociales, y de que había otros 11 casos en proceso de verificación”
Las organizaciones sociales y plataformas de DDHH están exigiendo medidas de prevención y de protección territorial y colectiva como las siguientes:
– Fortalecimiento de los mecanismos de autoprotección de las comunidades tales como: las guardias indígena, cimarrona y campesinas
– Pactos regionales de no violencia y en contra de la estigmatización promovidos por los consejos territoriales de paz y demás mecanismos institucionales del sistema de participación
– Cumplimiento de los acuerdos de paz e implementación participativa de los planes de desarrollo con enfoque territorial y de los pactos de sustitución
– Incorporación a los pactos de sustitución de cultivos de uso ilícito de todas las familias que han expresado su voluntad de participar y por lo tanto suspensión de erradicación forzada en esos territorios
– Ejecución urgente de las inversiones definidas en planes regionales y contratos plan en los municipios más afectados por la violencia
– Plan de urgencia de inversión social para la juventud y las mujeres con incorporación masiva a programas educativos y a proyectos productivos y culturales
– Cumplimiento estricto de los compromisos con los excombatientes tantos en las Zonas de ubicación como en otras actividades
– Compromisos políticos y sociales de implementación plena de los acuerdos con las comunidades en los territorios (Buenaventura, Chocó, Tumaco, Cauca, Bajo Cauca, Cumbre Agraria, Minga Indígena)
– Trámite en esta legislatura del proyecto de ley sobre sometimiento a la justicia de grupos armados organizados y otras estructuras delincuenciales
– Plan anticorrupción que comprometa a todos los agentes del Estado y a las empresas y a las organizaciones de la sociedad civil para evitar cualquier complicidad, colaboración o connivencia con las economías ilícitas y las dinámicas violentas para la apropiación de recursos públicos y rentas de negocios legales o ilegales.
Ver Boletín Unidad Investigativa enero – marzo 2018 aquí
