Si bien, soplan vientos de renovación en la búsqueda y construcción de la paz, con la Problemática de los Cultivos de Coca, Marihuana y Amapola, falta camino por recorrer, y es desde las comunidades y organizaciones en los territorios que nos corresponde  desplegar nuestras iniciativas, creatividad y capacidades sociales, organizativas, políticas para innovar, pues el tema con todo y Acuerdo Final entre Gobierno e insurgencia, NO supera la visión criminalizadora y autoritaria de la Política Antidrogas Internacional, nombrado en el punto 4, como “El problema de las Drogas Ilícitas”, donde se sigue colocando el problema en las “plantas maestras” por sus usos psicoactivos, y no reconoce los atributos médicos, alimentarios, cosméticos, simbólicos-culturales adoptados por prácticas ancestrales indígenas y tradicionales campesinas: El acuerdo suscrito al final sigue colocando el problema en la planta, en las comunidades, en las regiones y no en la ausencia de infraestructura social e institucional real o en la pobreza, los abusos de los humanos, en la corrupción y doble moral.

Tanto gobierno como insurgencia reconocen que la problemática de producción de materias primas para las drogas con la ampliación de cultivos obedece a la situación de abandono estructural del campo y que es “combustible del conflicto interno”, la solución que se está dando no deja de ser parcial. Pues la solución estructural definitiva se supone se dará con la implementación del punto 1 de los acuerdos a través de la  inversión que requiere la Reforma Rural Integral-RRI, y esta no se está aplicando como proceso previo y necesario, como deuda histórica con las comunidades rurales y como camino para reconstruir la confianza de las comunidades y organizaciones en el Gobierno, fragmentada por tantos incumplimientos, tratamientos violentos a problemas sociales y abandonos.

El 27 de Enero/2017, se anunció por parte de gobierno y guerrilla el contenido del Programa Nacional Integral de Sustitución-PNIS y Planes Integrales de Sustitución y Desarrollo Alternativo-PISDA, como apoyo para reducir en 50.000 has. los cocales y cumplir los Acuerdos en el Punto 4 sobre Cultivos. Al contrario, gobierno viene aplicando desde el 18 de abril de 2016, por orientación del MinDefensa, la decisión de reactivar las erradicaciones forzosas, manuales, o por aspersiones mecánicas terrestre y aéreas, intensificadas desde final de año con la militarización de amplias regiones del país a pesar de la firma del Acuerdo Final el 12 de Noviembre/2016, colocándose la meta de sustituir o erradicar 100.000 has. presionados por el reporte de Naciones Unidas de la existencia de más de 130.000 has. en el país, estas decisiones nos muestran un sólo objetivo “reducir los cocales” con dos estrategias: “erradicación por las buenas: Sustitución con ayuda del Acuerdo Final impuesto a las comunidades, o por las malas: militarización, represión”.

Teniendo en cuenta el análisis anterior y dada la realidad que estamos viviendo en el depto. del Cauca, el Comité de Integración del Macizo-CIMA, considera importante hacer las siguientes consideraciones:

1. El Acuerdo Final del fin del conflicto, que incluye un capítulo sobre “drogas ilícitas” y cultivos, fue negociado por la insurgencia y el gobierno, sin participación de cultivadores, recolectores, ni de ningún sector vinculado con la economía de la agroindustria ilegal de las plantas prohibidas.

2. Igualmente, gobierno y guerrilla acordaron el PNIS, programa se que viene difundiendo como política pública por la institucionalidad a través de la Dirección para la Atención Integral de la Lucha Antidrogas, y a la llamada Alta Consejería para el Postconflicto, adscritas a la Presidencia de la República. Incluso han hecho acuerdos regionales en Catatumbo, Tumaco y Puerto Asís con presencia de delegados de la guerrilla.

3. En los principios y en la metodología de aplicación del Acuerdo y del programa, se plantea que la “sustitución es voluntaria”, y que debe surgir de consensos sociales, a través de Asambleas Comunitarias y participación en los PISDA, que los PNIS son un componente de la RRI, que debe haber un enfoque diferencial de acuerdo a las condiciones de cada territorio y de sus comunidades, entre otros.

4. Partimos del principio que el Programa es aplicable al Pequeño Cultivador de Subsistencia de Coca, a los Recolectores y población que sobrevive alrededor de los ingresos que esta actividad genera, y que la solución de fondo está en la diversificación de la economía en estos territorios, y que para ello son indispensables transformaciones previas, permanentes y sostenibles para el campo colombiano, lo que requiere de acciones integrales del estado con inversión social, productiva, compras públicas, infraestructura y conectividad, desarrollo de la institucionalidad entre otros, a más de niveles de participación y reconocimiento de las poblaciones de estos territorios, sobre todo en el ordenamiento de los mismos, afectados por cultivos intensivos de coca, marihuana o amapola como víctimas tanto del abandono oficial como de todas las violencias que el conflicto interno ha generado.

5. Insistimos que las comunidades no llegaron a los cultivos de coca para el procesamiento de drogas por voluntad propia sino empujados por la mera necesidad y desespero que lleva el hambre, la miseria y marginalidad a que han sido sometidos históricamente, y a pesar de ello asumiendo que son las comunidades las más afectadas, han demostrado de múltiples maneras su voluntad y decisión de superar esta problemática, a través de Foros, Audiencias, Pronunciamientos, Pliegos, Movilizaciones, Paros, Mesas, para llegar a Negociaciones, Pactos, Acuerdos de Sustitución Voluntaria, Concertada, Gradual y con Garantías tanto de Inversión como de construccion de desarrollos propios y sustentables en las regiones.

6. Si bien ha habido reincidencia en los cultivos, existen Acuerdos/Compromisos de los gobiernos nacional, Deptal y Mpales con las comunidades afectadas por cultivos que vienen de 1996, y que han sido sistemáticamente incumplidos. El gobierno debe tener en cuenta estas organizaciones y comunidades para ser priorizadas en la inversión como cumplimiento a sus peticiones, en particular en componentes sociales, productivos, infraestructurales, y no asumir medidas impositivas, judiciales y represivas para atender esta problemática. Nos regimos por los acuerdos de movilizaciones, de la Mesa Regional y por los que se avance con la Cumbre Agraria y exigimos su implementación urgente.

7. Desde el CIMA, y la Mesa Regional de Desarrollo Alternativo y Economías Propias, estamos propiciando la participación, difusión y pedagogía del Acuerdo y el PNIS, construyendo Rutas de Trabajo, Actas de Intención, Espacios Asamblearios necesarios para que líderes y lideresas se enteren, y tengan el tiempo, elementos de juicio suficientes y legitimidad a la hora de consultar a sus comunidades, más cuando los cultivos son de los cocaleros, y son ellos de manera autónoma quienes deben definir si negocian o no la sustitución, y como asumir responsablemente esas decisiones.

8. Exigimos a los Gobiernos Nacional, Deptal y Mpales, las garantías suficientes para que líderes, organizaciones y comunidades puedan avanzar en la construcción de consensos, contrapropuestas, y soluciones alternativas a la problemática de los cultivos y que se asuman los tiempos suficientes para las mejores decisiones. Incluso en el caso de que no haya Acuerdos o Compromisos, evadiendo la confrontación de las autoridades de policía y del ejército con las comunidades, asumiendo los protocolos de respeto a la población, evitando el abuso de autoridad y el uso excesivo de la fuerza, brindando las garantías al debido proceso como lo determinan organismos de control y de derechos humanos.

9. De acuerdo, a la decisión que tomen líderes y comunidades, el CIMA y el espacio de la Mesa Regional, asumiremos el rol que corresponda, en cualquiera de las situaciones que sucedan:

• Si deciden negociar la sustitución, apoyar para que logren el mejor acuerdo posible teniendo como punto de partida el mejorar la oferta del PNIS, y hacer el seguimiento y veeduría para exigir el cumplimiento de lo pactado;
• Si deciden oponerse a la sustitución, y resistir con los cultivos, acompañar a las comunidades que van a ser forzadas con cualquier modalidad de erradicación y judicialización, para que se les respeten sus derechos fundamentales y tengan un trato diferencial al de “narcoterroristas”, que es como el gobierno ha señalado y tratado a estas poblaciones. Más aun, sin que se les niegue las garantías, sus derechos y condiciones para su vida digna, producción agroambiental, desarrollos regionales propios y participación en transformaciones positivas de las causas del conflicto armado.

Imponente Macizo Colombiano, Febrero 19 de 2017

Coordinación Regional Cima

Mesa Social de Paz de Desarrollo alternativo propio: El camino es: El cumplimiento de acuerdos, el reconocimiento y la participación vinculante en los acuerdos de paz, la Reforma Agraria y la diversificación de las economías rurales con garantías a la movilización, la palabra y a los DDHH y territoriales de las comunidades.