Indepaz

Por Mario Hernández-Álvarez.

La agenda neoliberal

Desde los años ochenta del siglo XX viene circulando en el mundo la ideología neoliberal, a la par de los profundos cambios en los procesos globales de acumulación de la riqueza. Para facilitar el crecimiento de los nuevos nichos de acumulación de capital en el sector de los servicios y de las nuevas tecnologías, que incluyen salud, educación, telecomunicaciones y servicios financieros, la ideología neoliberal impulsó en todo el mundo una agenda de reformas del Estado y de los sistemas de provisión de servicios públicos, seguridad social, salud y educación. Esta agenda no es más que la disminución progresiva de la provisión directa de estos servicios por parte de instituciones públicas y la entrada de agentes de mercado en competencia, con la supuesta aspiración de lograr más eficiencia, calidad y equidad, y superar la corrupción y la ineficiencia estatal [1].

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Escuchando los pronunciamientos sobre el tema, llegamos a la conclusión de que estamos ante un paradójico debate entre víctimas: todos víctimas y ningún responsable.

Como van las cosas el gobierno sigue sin aceptar que se han cometido crímenes de Estado o que buena parte de los crímenes atroces han sido resultado de una política sistemática, de larga duración, tolerada, amparada o consentida desde gobiernos, fuerzas armadas y poderes económicos.

El debate sobre el destino de las armas de las FARC ha venido pasando de rojo a chocolate oscuro por los duros cuestionamientos desde el uribismo a las palabras dejación de las armas que se incluyeron en la agenda de las negociaciones en La Habana. En la lista de “capitulaciones del gobierno ante los terroristas” lo mínimo que se dice es que se ha aceptado una “paz armada”, una “tregua incierta” o una retaguardia con fusiles. El tono de los alegatos ha subido con las afirmaciones de algunos voceros de la guerrilla sobre su perspectiva de mantener las armas hasta que los acuerdos sean ratificados por el pueblo y, más allá, hasta que esté garantizado su cumplimiento.
El texto del Acuerdo General para la terminación del conflicto y la construcción de la paz le trasladó a la mesa la definición de la enigmática dejación de las armas que deja abiertas las modalidades operativas; ese texto no incluye expresamente temas relativos a las Fuerzas Armadas en el post conflicto, al estilo de lo acordado en El Salvador o Irlanda. Lo que estaría en discusión es el cómo y el cuando de la dejación, pero no la determinación, como parte del acuerdo final, de abandono definitivo de la acción armada o de la práctica de hacer política con armas. A su vez el gobierno se obliga a la persecución de “cualquier organización” que haya cometido homicidios y atentado contra los defensores de derechos humanos. No excluye a las organizaciones estatales ni las ejecuciones extrajudiciales.